e entre las reacciones declarativas que suscitó la publicación, aquí y en noticieros de La Octava, de una carta de puño y letra que a este tecleador envió Israel Vallarta (preso desde hace 14 años sin que el Poder Judicial federal se digne dictarle sentencia), destaca la correspondiente a Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación y ministra en retiro a la que estando en funciones correspondió conocer del caso del ex compañero sentimental de Florence Cassez.

Dijo Sánchez Cordero que el mismo criterio jurídico utilizado en el caso de la ciudadana francesa (quien desde hace siete años goza de plena libertad y no culpabilidad formal) debería aplicarse al caso del ciudadano mexicano (quien sigue sometido al duro régimen de una cárcel de máxima seguridad en Jalisco). Tal es el punto exacto de este caso: no debería haber en México dos varas judiciales para medir casos iguales, sólo por diferencias de nacionalidad. El montaje difundido por Televisa, en el espacio conducido por Carlos Loret de Mola, afectó de manera idéntica el debido proceso instaurado contra Cassez y Vallarta, pero aquella duró en la cárcel la mitad del tiempo que lleva el mexicano.

Por cierto, la titular de Segob mencionó que el acusado de secuestro, junto con Cassez, pertenece a la rama familiar de Ignacio Luis Vallarta (1830-1893), quien fue gobernador de Jalisco (en su honor, un puerto se llama Vallarta), secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; con sus votos particulares contribuyó a delinear el juicio de amparo y sus restos están en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Otros servidores públicos y legisladores federales expresaron preocupación por los 14 años que Vallarta ha pasado en prisión sin que los jueces sean capaces de resolver si es culpable o es inocente. Hubo también voces que, por el contrario, estimaron que hay suficientes indicios de culpabilidad de Vallarta y debe seguir en prisión, aunque ya con sentencia.

A un mes de haber tomado posesión del gobierno de Baja California (luego de 30 años continuos de administraciones panistas), el morenista (o, para más precisión: obradorista) Jaime Bonilla Valdez está envuelto en un escándalo de corrupción de su equipo de trabajo, que ya ha provocado la renuncia del Oficial Mayor y la salida de cuadro (por razones de salud, se ha dicho) de la secretaria del Bienestar. El tema es el de la política de siempre: moches, comisiones por negocios privados con dinero público. En esta columna con mucha anticipación e insistencia se advirtió del perfil de Bonilla y su equipo, tan propicio para este tipo de hechos.

Ayer, los magistrados del Tribunal Electoral federal expresaron su punto de vista adverso a que Bonilla se mantenga cinco años en el cargo para el que lo eligieron por dos. No es vinculatoria esa postura del tribunal electoral; es decir, no es forzoso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asuman el criterio de los magistrados electorales. Pero, en caso de que en la SCJN se aprobara la aberración de extender desde un congreso lo que en las urnas fue definido en duración menor, difícil será para el gobierno de Bonilla sobrellevar la etiqueta de espurio que le acompañaría en los tres años complementarios y experimentales.

A las variables económicas poco alentadoras para el año siguiente han de sumarse las reservas que legisladores estadunidenses están haciendo en el camino de aprobar el tratado trinacional norteamericano de libre comercio. Además de ciertos puntos ambientales que han atorado la firma del documento en Washington, está la pretensión de que inspectores del país vecino verifiquen el cumplimiento en México de compromisos en materia laboral, por ejemplo, que las elecciones de dirigentes sindicales sean verdaderamente democráticas. El presidente de México ha dicho que esto es inaceptable. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx