Buenos Aires. El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, solicitó ayer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intervenga para poner fin a la guerra jurídica (lawfare) contra la ex mandataria, acusada en una de las tantas causas abiertas por el juez Claudio Bonadío de un presunto redireccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, caso que ya fue sobreseído en dos intentos de juicio anteriores.

Creo que el propio sistema judicial tiene que arbitrar, la Corte Suprema posee los resortes institucionales necesarios para intervenir en estos casos, sostuvo Beraldi, y añadió que si hay jueces que no cumplen con su deber, van a tener que dar explicaciones, porque cada funcionario público, incluso quienes no lo somos, tenemos que rendir cuentas frente a la sociedad cuando se trata de hechos de tanta trascendencia.

A siete días de la salida de Mauricio Macri de la presidencia, los medios que encubrieron al gobierno de la alianza Cambiemos comenzaron una serie de ataques contra el mandatario electo, Alberto Fernández, como parte de la herencia que recibirá el futuro gobernante.

El periodista Hugo Alconada Mon, del derechista diario La Nación, hizo una referencia que implicaba una especie de tráfico de influencias en una causa de presunta corrupción que adjudicó, sin nombrarlos, a Fernández cuando era jefe de gabinete del fallecido Néstor Kirchner, quien gobernó Argentina de 2003 a 2007.

La respuesta de Fernández no se hizo esperar. En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Hugo Alconada Mon sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme haber movido influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo.

Señaló que “en la Argentina que vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los ‘operadores judiciales’, los ‘operadores mediáticos’ y los jueces y fiscales que ‘operan’ para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben”.

En el esquema de tierra arrasada que evidentemente quiere dejar Macri a sus sucesores, a estas horas hay un paro de los periodistas de la estatal Radio Nacional, quienes denuncian el vaciamiento de esta empresa periodística y la decisión de ofrecer ahora el retiro voluntario a trabajadores, además de advertir que no se renovarán contratos, con lo cual abandonan a aquellos que fueron incorporados después que el gobierno de Macri despidió a unos 3 mil trabajadores de prensa, entre ellos un plantel de importantes periodistas de esta emisora.