Ante el retraso en las reformas legales que permitan el uso lúdico de la mariguana, quienes han ganado amparos para consumirla promueven incidentes de inejecución de sentencia como medio legal para obligar a las autoridades a regularla.

Organizaciones que han promovido la presentación de amparos individuales sobre el tema, calculan que suman ya más de 500 juicios, de los cuales más de 20 ya han argumentado la inejecución de sentencias, una de las cuales ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Algunas agrupaciones comparten en Internet los formatos para que los interesados promuevan amparos por su cuenta, mientras otras ofrecen asesoría legal a cambio de una cuota de 100 pesos.

Sin embargo, aun con un amparo quienes quieren consumir mariguana no tienen dónde comprarla legalmente ni tampoco pueden cultivarla ni procesarla sin violar la ley, por eso han recurrido al incidente de inejecución de sentencia.

Uno de estos recursos llegó a la SCJN con el número 121/2019, en el cual se argumenta que, aunque se les dio protección de la justicia federal para consumir cannabis, no se han establecido las condiciones para adquirir la semilla, sembrar, cultivaR, cosechar, preparar, poseer y transportar la hierba, con el cual los efectos reales del amparo son nulos.

Aunque la SCJN ya emitió una jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de prohibir el consumo lúdico de mariguana, ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo tomaron ninguna acción para reforma las leyes que proscriben esta práctica, por lo cual la Corte inició un proceso de declaración general de inconstitucionalidad que presentó ante el Senado. Sin embargo, no cumplió con el plazo original para legislar sobre el tema y obtuvo una ampliación hasta el 30 de abril de 2020.

Ante este nuevo retraso en la despenalización del uso lúdico de la hierba, se reclama ahora con estos recursos al director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que emita las normas y reglamentos necesarios.

El caso quedó asignado por turno a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.