l asesinato a mansalva de seis niños y tres mujeres de la comunidad mormona mexicana-estadunidense LeBarón en un camino serrano de Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre pasado, podría reunir las características de una operación de bandera falsa dirigida a desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y generar mayores condiciones para una intervención policiaco-militar de Estados Unidos en México.

Dirigidas contra blancos seleccionados por su alto valor simbólico, las operaciones de bandera falsa permiten a un Estado, corporación u organización intervenir mediante agentes clandestinos o encubiertos (soldados camuflados) y/o mercenarios, grupos paramilitares y sicarios, en escenarios en los que no se puede o desea actuar de manera abiertamente militar. Esas formas de violencia contra civiles son utilizadas para infundir miedo y terror en la sociedad, y para ejercer coerción o manipular a las audiencias a través del efecto multiplicador de los medios hegemónicos −usados como vehículos de propaganda−, y pueden ser empleadas como pretexto para instigar o iniciar una guerra, derrocar un gobierno o favorecer un golpe de Estado.

Las buenas conciencias, que indefectiblemente abogan por el mantenimiento del sistema de dominación de clase capitalista, suelen denostar como afines a la teoría de la conspiración el análisis de las operaciones clandestinas de las potencias de Occidente. Olvidan que Estados Unidos tiró la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki y quemó niños vietnamitas con napalm. Y que para deponer al primer ministro iraní Mohamed Mossadeq, la CIA y el MI6 inglés montaron la Operación Ajax en 1953. Olvidan, también, que en 1939 un comando nazi disfrazado con uniformes polacos tomó la estación radiofónica de Gleiwitz para justificar su Blitzkrieg (guerra relámpago) contra Polonia, que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y que de los años 60 a los 90 del siglo pasado, con la ayuda del Pentágono y la CIA, la OTAN montó la red clandestina Gladio, que entre otros atentados terroristas realizó la matanza en la estación de trenes en Bolonia en 1980, donde murieron 85 personas y 200 más resultaron heridas; atribuida a las Brigadas Rojas italianas, luego se supo que la explosión la perpetró el grupo de extrema derecha Ordine Nuovo, estructura clandestina vinculada a la OTAN y la CIA.

Otra hipótesis sobre la masacre desestabilizadora de integrantes de las familias LeBarón-Langford-Miller en una serranía del asentamiento sonorense de Bavispe, a unas 90 millas de Douglas, Arizona, podría tener que ver con los intereses corporativos trasnacionales en torno del Sonora Lithium Project, de Bacanora Lithium, que incluye a empresas chinas y japonesas. El proyecto de extracción de litio a cielo abierto comenzará a operar en 2022 en Bacadéhuachi, pueblo ubicado a unos 85 kilómetros de Bavispe, y según Forbes sería una de las mayores minas del mundo (9 millones de toneladas).

En ese contexto, las víctimas inocentes de la matanza de Bavispe fueron utilizadas para resembrar añejas matrices de opinión: “ narcoterrorismo”, terrorismo criminal, México como Estado fallido. El mecanismo para la fabricación de un consenso proclive a una política de cambio de régimen en México −ante el cariz nacional-reformista de López Obrador y su eventual liderazgo progresista en América Latina− se inició con un tuit del presidente Trump el 5 de noviembre, donde decía que Estados Unidos podía ayudar a limpiar a esos monstruos (los traficantes de droga) de manera rápida y efectiva, para borrarlos de la faz de la tierra. Y fue acompañado de un editorial de The Wall Street Journal –diario de la empresa News Corporation, propiedad del magnate Rupert Murdoch, aliado político de Trump−, que sugería a la justicia estadunidense extender su largo brazo (extraterritorial) para “proteger a los americanos” en ambos países, sin descartar una operación militar unilateral. Lo que fue seguido de un coro de congresistas genocidas (Tom Cotton, Lindsey Graham, Chip Roy) y del subsecretario de Seguridad Nacional, David Glawe, que sembraron las bases para impulsar en el Capitolio la calificación de los “ cárteles mexicanos” como organizaciones terroristas extranjeras.

La variable aplicada antes en Colombia, Afganistán, Irak y Siria podría no aplicar en México, porque según las distintas versiones oficiales de los hechos −teoría de la confusión incluida−, por más sanguinarios que sean, ninguno de los grupos criminales locales persigue objetivos político-ideológicos o adhieren a causas supremacistas raciales o de extremismo religioso. Ello, aunque el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, se esfuerce en reforzar la narrativa intervencionista afirmando que existen gobiernos paralelos (“ narcogobierno”) en varias zonas de México.

Por otra parte, es pública y verificable la política estadunidense de utilizar dinero, armas y agentes encubiertos, en el entrenamiento, equipamiento y apoyo in situ a unidades militares extranjeras, milicias y grupos paramilitares, con el objetivo de llevar a cabo sus operaciones globales según los lineamientos trazados en octubre de 2017 por el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, cuando dijo que la agencia “debe ser agresiva, cruel, despiadada e implacable… Debemos centrarnos en aplastar a nuestros enemigos y proporcionar una ventaja inalcanzable a nuestros diplomáticos, militares y presidente”. Con el agregado de que, ahora, Trump está en campaña por su relección.