a es costumbre que en cada ocasión en que el presidente Trump está en problemas su escapismo preferido está al sur del río Bravo. El justificado clamor que en ambos lados de la línea divisoria causaron dos sucesos, primero en Culiacán, Sinaloa, y días después a pocos kilómetros de una congregación mormona en el estado de Chihuahua, ha traspasado las fronteras de México y ha tenido eco en los principales medios informativos de Estados Unidos. La confusión sobre el origen de ambos eventos por parte del presidente, calificándolos como actos terroristas, no es gratuita ni ingenua. Le urge reafirmar su popularidad entre los sectores más xenófobos, y ganarla entre quienes aún vacilan entre condenarlo o absolverlo en el juicio que se lleva a cabo en su contra en el Congreso estadunidense. Nada mejor para ello que un acto de magia responsabilizando a las autoridades mexicanas de lo que, a su juicio, es una falta de atención a lo que para él son actos terroristas.

Es evidente que el crimen organizado ha ganado terreno, y que la capacidad del Estado mexicano en ocasiones parece estar desbordada en sus intenciones de combatirlo. También es razonable que los mexicanos clamen porque se ponga freno a esta situación a como dé lugar. Pero, en este caso, la discusión no debiera situarse en el terreno de la responsabilidad y capacidad de un país, en este caso México, para contener delitos del orden común, que lo son, sino del derecho que una nación tiene en involucrarse en los asuntos internos de otra, por muy graves que sean. Más aún cuando esa intervención se deriva de la necesidad de ganar adeptos en una campaña política, como es el caso del presidente estadunidense. Si en efecto existiera la intención de colaborar para detener la criminalidad, sería mucho más efectivo poner un alto a la venta indiscriminada de armas que terminan en manos de criminales en el propio Estados Unidos y de quienes las exportan a otras naciones. Cualquiera que haya revisado la prensa estadunidense se habrá percatado del número creciente de personas que en ese país son asesinadas con dichas armas. Habría que preguntar a sus ciudadanos si están de acuerdo en que México envíe agentes del orden para detener esa ola de criminalidad que, cuando ocurre en otras naciones, su presidente la califica como terrorismo.

En último caso, el problema no está en la definición sino en la justificación de quien la aplica en beneficio personal para violar la soberanía de otras naciones.