La revocación de mandato y la consulta popular quedaron inscritas en la Constitución, al confirmarse en el pleno de la Cámara de Diputados el resplado de 17 congresos locales, con excepción del de Guanajuato, que votó en contra.

La adición a la norma, que se sujeta al impulso de la democracia participativa de la actual administración, empujada por Andrés Manuel López Obrador desde la Presidencia de la República, fue presentada al pleno por Dolores Padierna Luna (Morena), quien confirmó que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de los congresos de los estados y de la Ciudad de México (17 como márgen mínimo), la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación de mandato. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Los 17 votos aprobatorios corresponden a las legislaturas de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. .

En el pleno cameral se sucedió una catarsis variopinta en torno a la reforma constitucional. María del Carmen Bautista (Morena) consideró que la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que empodera a los ciudadanos.

No obstante, el panista Raúl Gracia, crítico del actual gobierno, no modificó el sentido de sus argumentaciones y fustigó el hecho: la declaratoria de la reforma constitucional es mucho más grave y peligrosa de lo que era hace unos meses, ya que han tomado el control de la Corte (SCJN) y van por el del órgano electoral (INE). No a la revocación como un instrumento del socialismo para aferrarse a un poder dictatorial.

Moderada, la priísta Dulce María Sauri consideró el cambio como un avance en materia de participación ciudadana directa. Sin embargo, preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones que persisten. En 2021, dijo, el INE no sólo será el encargado de las elecciones federales, sino podrá recibir la petición para revocar el mandato al Presidente pero, ¿cómo lo hará si se le recortó el presupuesto?