Familiares y abogados de Rosario Robles Berlanga, actualmente en prisión preventiva por ejercicio indebido de la función pública, afirmaron que la decisión de someter a juicio político a la ex secretaria de Estado demuestra que hay una venganza política en su contra.

Utilizando la cuenta de Twitter de la ex funcionaria, su hija, Mariana Moguel, señaló que la Cámara de Diputados ya tiene la sentencia contra su mamá, mientras el equipo legal que representa a Robles Berlanga, encabezado por los despachos Hernández Barros & Abogados y Epigmenio Mendieta & Abogados, dijo que el inicio de juicio político demuestra el juicio de Estado que se ha configurado entre los tres poderes de la Unión en su contra, con la intención no sólo de mantenerla arbitrariamente en prisión, sino para borrarla del mapa político nacional y principalmente condenarla de forma anticipada, sin que haya un proceso judicial de por medio.

En entrevista con La Jornada, el litigante Julio Hernández Barros comentó que en los próximos días se llevarán a cabo las audiencias de apelación de las medidas cautelares, la resolución del amparo contra la vinculación a proceso y la terminación del periodo de investigación complementaria, que vence el 13 de diciembre. Sin embargo, esta diligencia intermedia se estaría realizando a mediados de enero del próximo año, después del periodo vacacional.

Para los abogados es una decisión arbitraria e ilegal que condena anticipadamente a la ex funcionaria, sin siquiera darle oportunidad de exponer sus argumentos a favor en el proceso político, al estar ilegalmente sujeta a una medida cautelar innecesaria e injustificada, aseveraron.

“Es importante destacar que, en definitiva, hasta este momento ninguna persona ha sido sentenciada, ni penal ni administrativamente, por la mal llamada Estafa Maestra, a pesar de la supuesta participación (según los autores) de instituciones como Sedesol, Pemex, Banobras, Senasica, Sagarpa, SEP, SCT, SE, INEA, Superissste. Hasta ahora ningún funcionario ni mucho menos los titulares de estas dependencias han sido juzgados por delito alguno y, por supuesto, contra ninguno de ellos se solicitó juicio político”.