La subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados concluyó que hay elementos y la convicción mínima clara para iniciar juicio político a Rosario Robles Berlanga, por violaciones sistemáticas a la Constitución y a los derechos humanos de los más pobres, al permitir y no denunciar el desvío de más de 7 mil millones de pesos de programas sociales.

En su dictamen, que se votará este jueves en comisiones de Gobernación y Justicia, que a su vez la turnarán a la Sección Instructora para que determine si ha lugar al juicio político, concluyó que, como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Robles incurrió en coparticipación o encubrimiento del desvío y causó una grave tribulación al Estado.

Además, le dio el carácter de presunta indiciada de juicio político, al considerar que no hizo lo necesario para impedir que se cometieran faltas administrativas y posibles delitos del orden federal que presuntamente se cometieron con el desvío de recursos e incluso el uso electoral en campañas del PRI.

En ese caso, planteó que las omisiones de la presunta indiciada han conducido hacia la rapiña y el hurto.

Sólo un voto en contra

A la sesión de este miércoles asistieron 13 de los 14 integrantes de la subcomisión de examen previo; de estos, 12 pertenecientes a todas las bancadas votaron en favor y sólo lo hizo en contra Liliana Álvarez, ex candidata priísta al gobierno de Nuevo León, quien argumentó que en el caso de Robles no se ha cumplido el debido proceso.

La presidenta de la subcomisión, Rosario Barrera Badillo (Morena), explicó que una vez recibido el expediente, la Sección Instructora tiene hasta febrero para desahogar el proceso y decidir si presenta o no el dictamen de juicio político ante el pleno de San Lázaro.

Si éste lo aprueba, la Cámara daría vista al Senado para que, previa votación de las dos terceras partes de los presentes en la sesión respectiva, aplique las sanciones a Robles. En este caso, dijo Barrera Badillo, aplicaría sólo la inhabilitación para el desempeño de cualquier función pública.

En el dictamen, la subcomisión definió: las conductas llevadas a cabo de manera reiterada... de desviar recursos públicos destinados a programas sociales, tener conocimiento de ello y no ordenar que se realizaran acciones para recuperar los recursos o cesar su entrega... representan una clara violación a los derechos humanos.

Incluso concluyó que con ello provocó que no se cumpliera con el acceso efectivo de las personas a servicios de salud y al apoyo a la nutrición, en especial de niños. Tampoco permitió mejorar las condiciones de las comunidades, en especial de espacios de convivencia y vivienda.

Se conculcaron los derechos de mujeres al desarrollo, el correcto apoyo a los proyectos productivos, la protección a la salud, el otorgamiento de estímulos a la salud... y repercutió en las políticas sociales de protección a migrantes.