os datos presentados por el Inegi recientemente dan cuenta de que desde el tercer trimestre de 2018 la economía mexicana decreció en los nueve meses siguientes: -0.1 por ciento en cada uno, y en los últimos tres se mantuvo estancada. La información es contundente. Expresa que en el primer año de gobierno de AMLO habrá cifras negativas para el crecimiento económico. Puede decirse que todos los primeros años en cualquier administración son malos; puede también entenderse que en la economía global hay vientos en contra que, además, se vuelven cada vez más intensos. Pero lo que es fundamental para explicar la parálisis económica, es que variables importantes que controla el gobierno federal, esto es, el consumo del gobierno y la inversión pública, operan contra el crecimiento.
Para 2020, el Presupuesto de Egresos recién aprobado se mantiene en la misma línea de política económica que el que hemos visto aplicarse en 2019. Sin embargo, en el Plan de Infraestructura que acaba de presentarse se ha planteado que el gobierno dará un empujoncito a la economía
. Este empujoncito se hace necesario porque, como Hacienda reconoce, la economía está creciendo a niveles muchísimo más bajos de los que serían deseables
, debido a que hace falta inversión, particularmente inversión en infraestructura. La inversión, como se sabe, proviene de dos fuentes: del sector privado y del público. En relación con la inversión privada, el gobierno ha logrado muchas declaraciones de grandes empresarios del país señalando que invertirán cantidades significativas, pero hasta ahora no lo han hecho.
Probablemente en 2020 empezará a haber recursos privados para proyectos de infraestructura, pero seguramente serán insuficientes para que la economía se dinamice en una medida significativa. Por ello, la inversión pública tiene que tomar la delantera apoyando proyectos importantes que generen actividad económica. En la literatura económica se reconoce que para impulsar a una economía hace falta un impulso relevante, un big push, de parte de la inversión pública. De poco sirve un empujoncito. La inversión pública ha tenido cifras decrecientes en los trimestres recientes. Se requeriría que en 2020 no sólo recuperara un comportamiento ascendente, sino que realmente se convirtiera en una palanca decisiva para que la economía pudiera contrarrestar los efectos de un entorno externo desfavorable.
El asunto remite, como es evidente, al tema del financiamiento de esa inversión pública. Las restricciones autoimpuestas por el gobierno de AMLO: déficit fiscal controlado, no endeudamiento público neto adicional y no reforma tributaria, hacen imposible que el requerimiento de flujos masivos de inversión pública que se requieren se concrete. Es necesario que se superen estas restricciones que, además, provienen de la ideología del neoliberalismo, cuya muerte AMLO decretó hace meses, pero que se mantiene muy vivo. La restricción que habría que levantar es la impositiva. Es bien sabido que en nuestro país el cociente impuestos/PIB es extremadamente reducido. Cualquier comparación internacional da cuenta de que hay un enorme espacio para acordar un aumento de impuestos para los estratos ricos de la población.
AMLO, a un año de distancia de su toma de posesión, mantiene un nivel de aceptación de 68 por ciento, de acuerdo con resultados de la última encuesta de El Financiero (26/11/19). Incluso en relación con el manejo de la economía, de un piso de 23 por ciento de aceptación en junio, pasó en noviembre a 39 por ciento. Este respaldo permite que la administración federal lleve a cabo una amplia reforma tributaria, que coloque las tasas de contribución en niveles razonables a escala internacional. Esta reforma debiera proponerse que la tributación se incrementará alrededor de 4 puntos del PIB. El centro del incremento de recursos tendría que provenir de los ingresos de los estratos de ingresos superiores.
En el mundo, como hemos señalado en colaboraciones anteriores, opiniones de economistas destacados como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y varios más, junto con políticos como E. Warren, están planteando la conveniencia de aumentar la tasa tributaria a los ricos y a sus empresas. La Cepal ha planteado que si ésta es la hora de la igualdad en América Latina, esta igualdad se conseguirá si revertimos una lacerante desigualdad que provoca ineficiencia económica. Las explosiones populares recientes en Chile, Ecuador y ahora en Colombia demuestran que si las izquierdas no resuelven el tema de la desigualdad, más temprano que tarde son eliminadas de los gobiernos. Las izquierdas mexicanas que son parte del gobierno de AMLO no pueden desaprovechar la oportunidad histórica de avanzar hacia un país más incluyente. Para ello hay que crecer dinámicamente y repartir equitativamente los frutos de ese crecimiento.
