ilan Cruz tiene 18 años y marcha por el corazón de Bogotá en la movilización nacional que revienta el 21 de noviembre y lanza gente a las principales ciudades del país como nunca antes. Semanas antes, en un debate del Congreso, un senador denuncia que el Ejército bombardeó en septiembre unos supuestos guerrilleros que resultaron siendo 18 menores de edad en el sur del país. Lo que había sido comunicado en la prensa como un logro contundente contra los grupos armados que quedaron después de la entrega de armas de un sector de las FARC, volvió al debate nacional en forma de fotos de los restos de los cuerpos de los niños, de cuadernos y del dolor de las familias, de historia de mutilaciones y de reclutamiento forzado. El paro 21N convocado por centrales obreras se convirtió en un catalizador de la movilización que se desbordó en las ciudades que habían sido indiferentes a todas las barbaries de la guerra.
Mientras Dilan corre a darle una patada a una bomba lacrimógena para alejarla de la multitud que camina pacífica, un integrante del Escuadrón Móvil Anti Disturbios –conocido como Esmad– le dice a uno de sus compañeros al que sea, dele dele
y ese otro le dispara al joven una recalzada de balines –un trapo con balines adentro– a pocos metros de distancia y por la espalda. En el video, el cuerpo de Dilan se desploma de inmediato y al acercarse, los paramédicos la encuentran incrustada en la cabeza causando el mayor daño que puede; por eso está prohibida, por eso la usa la policía. El 26 de noviembre muere en el hospital y de inmediato la noticia se extiende al final de la movilización que se había convocado ese día, que se prende de nuevo y se expande en forma de cacerolazo: sí fue el estado, a Dilan lo mataron
y Dilan hermano, nosotros no olvidamos
retumba en la noche fría bogotana mientras muchos caminan hacia el lugar en el que lo asesinaron.
Matar niños y jóvenes ha sido el destino de las fuerzas del orden en Colombia y en general en América Latina a lo largo de su historia. La violencia desatada por los carabineros en Chile y el Esmad en Colombia son sólo una de las más recientes expresiones que tiene su propia lista de muertos; en este último se recuerda a Norma Galeano, Carlos Blanco, Jaime Acosta, Nicolás Neira, Jhonny Silva, Óscar Salas y Miguel Barbosa. Nada más en Chile se contabilizan más de 200 personas atacadas a los ojos por los carabineros. El Cinep en Colombia documentó entre 2002-2012, 132 casos de presuntas ejecuciones por abuso de autoridad de la Policía Nacional, escondidas bajo la denominación de armamento no letal
y control de multitudes
, en un ejercicio inocultable de represión de la protesta social.
Pero el lugar de la protesta en Colombia ha cambiado, el escenario posacuerdo de paz y la persistencia del movimiento estudiantil hace que la movilización se experimente diferente. El sentimiento de apoyo a la protesta social por parte de la población en general es mucho mayor que antes y la toma de calles está menos estigmatizada por el ciudadano de a pie a como ocurría en el pasado. Los años de cese bilateral durante las negociaciones de paz le mostraron al país cómo era vivir sin guerra, no sólo a las áreas rurales que vivieron una tranquilidad nunca antes disfrutada, sino también a la clase media, a los empresarios y ciertos gremios. La negativa del gobierno de Iván Duque y del partido del ex presidente Álvaro Uribe Vélez de cumplir los acuerdos de paz poniendo en riesgo la posibilidad cada vez más inminente de la reactivación de un conflicto con nuevos códigos, reglas y actores pone nerviosos a muchos sectores del país.
También hay hartazgo y temor por el futuro por parte de la juventud. La cadena de paquetes de reformas económicas que se extienden por Ecuador y Chile y las reacciones sociales consecuentes, la movilización feminista y la preocupación por el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia se enfrentan con nuevas condiciones de posibilidad de la resistencia que se expresa en la urgencia de defender lo poco que queda de un estado social de derecho en las calles. Esta generación se juega el último cartucho de la posibilidad de un futuro medianamente digno.
Los 18 niños en el sur de Colombia eran hijos de campesinos pobres, sin ninguna garantía de acceso a ningún derecho o proyecto de vida posible y digno. Dilan se graduaba del bachillerato el día de su muerte, reclamaba en la movilización que no pudo acceder a la educación superior porque el Icetex –institución estatal encargada de dar créditos para estudios en un país con toda su educación privatizada e inaccesible para la mayoría de la población– no le había concedido el préstamo que requería. Mientras tanto, entre 2003 y 2013, el Ministerio de Defensa de Colombia gastó 27 millones de dólares en dotación para el Esmad. El costo de vestir a cada uno de los 3 mil 500 policías antidisturbios que existían en 2018 era de poco más de 3 mil dólares.
Colombia exige más que nunca la garantía de la No Repetición. Dilan tiene que ser el último. El presidente Iván Duque llamó a una conversación nacional con unas representaciones y liderazgos que apenas se están decantando. La muerte de Dilan nos exige pensar en una América Latina movilizada si se negocia con un Estado que ha incumplido a lo largo de su historia todos los compromisos que ha pactado, siendo el último ejemplo la falta de voluntad para cumplir los acuerdos de paz. La movilización no puede parar hasta el desmonte completo del Esmad y de los carabineros, la renuncia del comandante de la policía y sin falta, del Presidente de la República. El paro nacional en Colombia sigue, y como ha repetido sempiterno el Estado colombiano: con violentos no se negocia.
* Investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, AlaOrillaDelRío. Ganadora del premio Unesco Juan Bosch para la promoción de la Investigación en Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, 2018.
