Washington. El representante especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, Elliott Abrams, quien encabeza en el Departamento de Estado el cerco diplomático para forzar la salida del poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó ayer a Caracas y La Habana de fomentar los conflictos en Sudamérica.

Se están recolectando pruebas de un esfuerzo de los regímenes en Cuba y Venezuela para exacerbar los problemas en Sudamérica, aseguró el funcionario.

Abrams, condenado por el escándalo Irán-contras mientras servía al presidente Ronald Reagan e indultado por George H. W. Bush, afirmó que ambos gobiernos utilizaron las redes sociales y otros medios para fomentar los disturbios, y también acusó a Cuba de impulsar las protestas en Bolivia contra el régimen golpista.

Recordó, además, la reciente expulsión de 59 venezolanos de Colombia por participar en manifestaciones masivas contra el presidente conservador Ivan Duque.

También citó acusaciones de que cubanos financiaron las protestas en Bolivia contra Jeanine Áñez, mandataria de facto; denuncias que la isla ha negado.

Funcionarios estadunidenses también afirmaron que Venezuela ha incidido en las manifestaciones que han sacudido a Ecuador y Chile desde octubre.

Consultado sobre la campaña promovida por Estados Unidos en respaldo del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado, Abrams descartó un cambio de rumbo. No tenemos un plan B. Creemos que el A funcionará.

La ofensiva de la Casa Blanca incluye una batería de sanciones, entre ellas un embargo de facto al crudo de Venezuela, crucial para su economía, en aguda contracción desde 2013.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicó en Twitter que Estados Unidos actúa con prepotencia y odio tras el anuncio de sanciones contra la empresa Corporación Panamericana, a la cual Washington vincula con Cubametales, compañía incluida en la lista negra por su relación con el petróleo venezolano.

En otro orden, La Habana adaptó sus leyes para investigar crímenes por medio de vigilancia electrónica, como ocurre en otros países, aunque sin la orden de un juez, lo que permite la escucha y grabación de voces, localizar y seguir, tomar fotos o grabar videos, intervenir comunicaciones, el acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar un hecho delictivo.