Hay un déficit de 50 mil millones de dólares por año para resarcir las necesidades de infraestructura del país. El Acuerdo de Inversión en Infraestructura del Sector Privado es positivo, pero insuficiente para elevar la inversión a 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) –como es la meta de gobierno–, coincidieron especialistas.

Adicionalmente, no dicta garantías de que los recursos –hasta ahora prometidos por 859 mil 22 millones de pesos– se apliquen ni garantiza un bloqueo a los actos de corrupción, se mencionó en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, durante una mesa de análisis de asociaciones público privadas (APP), sin representantes del sector público en ella.

Reyes Juárez del Ángel, presidente de FOA Consultores, explicó que el país requiere alrededor de 70 mil millones de dólares por año para elevar la inversión a la meta de lo mínimo recomendado para México, mientras el gobierno cuenta con apenas 20 mil millones para dicha función.

Los recursos anunciados el martes entre la iniciativa privada y gobierno federal son números grandes, pero que en proporción no son suficientes, dijo Juan Luis Flores, socio director de Valorum Capital, sobre el acuerdo presentado con 147 proyectos.

Las reglas del juego son otras, ya no podemos construir y cobrar lo que sea y no podemos generar beneficios sin apoyar a la economía de la región, advirtió.

Luego de ello, Francisco Treviño, especialista en APP, cuestionó: ¿Realmente se darán los apoyos que se están ofreciendo (con el acuerdo)?, ahora es sólo un catálogo de proyectos sin licitar y para los que no se han obtenido recursos.

El gran talón de Aquiles, se expuso en la mesa, será sacar más recursos públicos para apalancar inversión privada donde los planes no resulten rentables. Y es que de acuerdo con voces del gremio no todos los proyectos contenidos en el Acuerdo de Inversión resultan en negocio.

Desplazan a indígenas

Previamente un grupo de trabajo habló de las necesidades ambientales y sociales para levantar infraestructura. Indolencia, ignorancia, negligencia o avaricia se vuelven algunos de los factores para soslayar esos estudios, explicaron.

Somos un país muy laxo en materia ambiental, acusó la antropóloga Alejandra Gómez, pero aún más, advirtió, en lo que se refiere al impacto en las sociedades. Al grado de que en fechas recientes se ha desplazado a más de 3 mil indígenas en Oaxaca por la falta de planeación.

Explicó que hay proyectos que se trabajan desde cinco años atrás en la parte de inversión y sólo de forma reciente –empujados por la regulación– se impone también el rubro ambiental, que se deja para un mes antes de empezar a ejecutar los estudios sociales. Quedan obras inservibles luego de años y se abandona a la población.

Pedro Álvarez-Icaza, especialista en regulación ambiental, señaló que en ese rubro los evaluadores de infraestructura deben ser autónomos de las dependencias federales. El esquema actual deja al gobierno como juez y parte en las resoluciones ambientales, explicó.

Sin detenerse en la reciente designación del nuevo titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Ángel Carrizales, dijo que lo ideal es una Agencia de Acreditación Independiente para prevenir la simulación.