os debates sobre el presupuesto, el impacto de los recortes y el deseo de control de la 4T sobre el INE son discusiones insuficientes que incluso distraen una inmejorable oportunidad de reformar el andamiaje electoral en México. Después de 20 años en lides electorales, me permito de una manera provocadora, decir: frente a los cambios del país, el actual andamiaje electoral luce disfuncional y rebasado. Ante el afán de defender al INE como uno de los últimos reductos de autonomía comentaristas que ayer eran críticos ahora lo defienden con una pasión desmedida. Bien rápido se ha olvidado el nivel de descrédito y la crítica percepción de la ciudadanía hacia la institución electoral. El INE nunca ha sido independiente ni mucho menos autónomo, el consejo es construido como resultado de cuotas y sus equilibrios políticos son tan frágiles que terminan sucumbiendo. Segunda falacia: afirmar que el INE es ciudadano. El INE ha sido colonizado por funcionarios de la burocracia electoral del propio instituto, de los Oples y de los tribunales electorales de todo el país. Funcionarios que llegan con el apoyo y consigna de los partidos. Al paso del tiempo, se ha edificado una chocante electocracia marcada por el doble discurso. Bajo el pretexto de lo complicado y azarosas que resultan las elecciones, sólo una casta electoral bien preparada puede hacerse cargo. El resultado es un espacio clausurado para el ciudadano. Es un hecho real que el INE y todo el andamiaje electoral mexicano ha venido desgastándose y perdiendo credibilidad. Los comicios de 2108 fueron a todas luces atípicos. El resultado contundente de las urnas y la larga distancia del ganador hizo innecesaria cualquier impugnación. Fue el mejor resultado para una institución agobiada por las críticas y señalamientos. Sin embargo, ante la actual tiranía de las mayorías, pareciera que preservar ahora el INE como está sería un gran logro democrático. Se olvida que la percepción ciudadana tan sólo en las pasadas elecciones fue de desconfianza a la autoridad electoral, como la solicitud de renuncia a los consejeros por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Aguayo y Denise Dresser, entre otros intelectuales. Los constantes enfrentamientos y contradicciones entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE desorientaron a la ciudadanía. La complacencia del Consejo General frente a las anomalías documentadas de Coahuila y estado de México en 2017, justificaban que entre 60 y 70 por ciento de la ciudadanía desconfiara de las instancias electorales.

No basta criticar, es necesario iniciar cambios de fondo que al menos deberían ser cuatro: 1) eliminar el modelo electoral híbrido. La reforma de 2014 fracasó. Centralizó muchas funciones, responsabilidades y recursos en el INE y mantuvo la existencia de los institutos locales llamados Oples. Se diseñó un galimatías, pues dos instancias son responsables de las elecciones y cuando son concurrentes se tropiezan entre sí. Falta no sólo coordinación sino verdadera delimitación de responsabilidades. Los consejeros generales del INE se sienten los dueños del balón y cuando las cosas no salen bien se lavan las manos. La autonomía del Ople se vulnera. Este costoso modelo es un fracaso, por ello se debe repensar de una vez en una disyuntiva clave. O bien desaparecen los Oples y el INE asume toda la responsabilidad electoral. O desaparece el INE y se crea una federación de Oples autónomos que se coordinen cuando haya comicios federales; 2) tribunales electorales locales ineficaces. En la misma lógica resulta inaceptable mantener los tribunales locales que ni siquiera sirven de adorno. Cooptados por los poderes fácticos locales, han sido manipulados y sus sentencias tienden a desplazarse al tribunal federal. ¿Qué caso tiene mantener una burocracia judicial cuyas sentencias son permanentemente apeladas?; 3) reciudadanizar las estructuras electorales. Como decíamos, hay que abatir la casta electoral. Resulta ineludible descolonizar la perversión de cuotas partidarias en cada consejero. La llamada profesionalización electoral de los consejeros es una apuesta autorreferencial que ha venido aislando al instituto de la ciudadanía. Cuando un grupo de ciudadanos encabezados por Clara Jusidman y Miguel Concha le reprochamos al doctor Lorenzo Córdova el sesgo de incorporar sobre todo abogados y miembros del servicio profesional electoral a los Oples, del INE y de los tribunales en 2014, él con desfachatez objetó que los funcionarios electorales también eran ciudadanos con derechos. Con cierto enojo, respondí que con su lógica habría que incorporar a sacerdotes, militares y policías a los consejos porque también eran mexicanos, y 4) suprimir la figura de consejero ciudadano. Ana Saiz, experta en temas electorales, en su ensayo: La casta electoral: el tumor que hizo metástasis en las autoridades de la democracia en el libro de AMLO y la tierra prometida se pregunta si los consejos generales de los Oples y del INE deberían desaparecer. Son opacos y han perdido credibilidad además de que resultan costosísimos. Diseñar consejos honorarios con ciudadanos altamente reconocidos. Figura cercana a los de la Cndh, Ifetel o Conapred. Recomponer los consejos, darle un giro más técnico y menos político.

La gran lección desde 2006 es el quiebre paulatino del sistema electoral. Incapaz de prevenir, documentar y ­castigar excesos, irregularidades, desvíos, coerciones, manipulaciones y excesos de una case política ávida del poder a costa de todo sin importar cómo. Más allá de la captura del INE y de los presupuestos, se debe pensar a fondo otra estructura electoral más actual. ¿Habrá un sistema electoral que lo logre?