Mérida, Yuc., El ayuntamiento de San Felipe ha destruido más de 2 mil metros cuadrados de manglares del área natural protegida de la reserva estatal Dzilam de Bravo para construir un complejo habitacional y vialidades, lo que beneficiaría a un grupo de empresarios especuladores.

Esto, a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó con 5 millones de pesos al municipio e interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República, informó la diputada federal panista por Yucatán, Cecilia Patrón Laviada. La propia legisladora interpuso otra acusación ante la delegación estatal de la Profepa el 17 de junio de este año.

De acuerdo con los quejosos, las autoridades buscarían enajenar los terrenos del manglar y cederlos a particulares para la construcción de casas habitación. La sospecha se centra en la alcaldesa Juana Baltazar, el síndico Felipe Marrufo López y su familiar y ex alcalde Gabriel Marrufo Marfil (2015-2018), todos de extracción priísta.

En su queja, Cecilia Patrón acusó a los tres de los delitos de desmonte, tala y cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el relleno de un humedal.

El daño a manglares rojo, blanco, negro y botoncillo, especies amenazadas, está tipificado como delito en el artículo 420 del Código Penal Federal, y se estipula una pena de seis meses a nueve años de prisión.

La panista también denunció que los pobladores que alertaron sobre la destrucción del manglar para ser rellenado son víctimas de acoso por parte de las autoridades municipales de San Felipe, en especial del síndico Felipe Marrufo. Anunció que interpondrá otra denuncia ante la Profepa.

Los pobladores de San Felipe denunciaron ante la Profepa, en junio de 2018, que el ayuntamiento devastaba mangle con el argumento de construir casas para gente pobre.

Después de la denuncia de la legisladora, las actividades en el manglar se detuvieron, pero ella indicó que los afectados reportaron que los trabajos destructivos fueron reanudados por el ayuntamiento sin importar la sanción.

La multa de 5 millones de pesos se derivó de una denuncia penal interpuesta por la Profepa en noviembre de 2018, por derribo de manglar y relleno de humedal en San Felipe, en el área natural protegida.

En la queja se reporta la afectación de ejemplares de mangle rojo (Rhizophora mangle), blanco (Laguncularia racemosa), negro (Avicennia germinans) y botoncillo (Conocarpus erectus), incluidos en la norma oficial mexicana NOM-059-Semarnat-2010, en la categoría de especies amenazadas.

La querella también derivó en inspecciones en las que se detectó cambio de uso de suelo, eliminación de vegetación mediante tala y corta, afectación de ejemplares de mangle rojo, blanco, negro y botoncillo, así como relleno y desecamiento de humedal para la apertura de vialidades y establecimiento de asentamientos humanos irregulares.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Ignacio Machaín Sosa, exhortó a las autoridades llevar a cabo una inspección detallada en la zona de manglares que comprende no sólo el municipio de San Felipe, sino también la comunidad vecina, Río Lagartos, por un posible megaecocidio.

Agregó que los daños causados tardarán décadas en subsanarse y actualmente la zona del manglar destruida luce seca; las plantas que fueron rozadas no presentan retoños, por lo cual se requiere limpiar el lugar y que el manglar crezca de nuevo.