Un tribunal colegiado de la Ciudad de México ordenó al juez de control con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, reponer la audiencia inicial en el caso de Armando Flores Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, a quien se le acusa por el presunto desvío de 185 millones de pesos.

Por unanimidad de votos, los magistrados del noveno Tribunal Colegiado concedieron un amparo a Flores Saldaña contra el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia iniciada del pasado 20 de marzo pasado.

En la resolución, que se publicó en las listas del Consejo del a Judicatura Federal (CJF), el colegiado argumentó que el juez de control violó principios esenciales del sistema penal al haber reclasificado el delito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) de uso indebido del servicios púbico, por el de uso indebido de atribuciones y facultades, sin permitir que las partes debatieran sobre este asunto.

Para la defensa legal del ex funcionario fue vinculado a proceso a pesar de que en la investigación existen dos dictámenes de un perito oficial de la FGR que concluyen que las firmas de Saldaña Flores fueron falsificadas en más de los 20 documentos analizados.

Por esa razón, el ex servidor público de la Sedatu presentó una denuncia en junio de 2017 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y ante la propia Sedatu, pero la fiscalía no llevó a cabo ningún acto de investigación por su denuncia durante más de un año y medio.

El defensor de Saldaña, el abogado Alberto del Río Azuara, manifestó que esperarán a ser notificados del auto que dicte la jueza de primera instancia de amparo, para conocer exactamente cómo se dará cumplimiento la sentencia: Saldaña podría ser nuevamente vinculado a proceso o no, pero en todo caso se abre una ventana importante, para tratar de convencer a la fiscalía federal de que Armando no participó, ni pudo participar, en aquella contratación, como lo establecen aquellos peritajes oficiales y múltiples datos de prueba que han sido integrados a la carpeta de investigación.

A Saldaña Flores se le acusa de firmar el convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/339901.03/2016, en febrero de 2016, con el entonces rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, Juan de Dios Nochebuena Hernández, quien también continúa un proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de dar una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos.