Seis empresa nacionales y extranjeras presentaron amparos que involucran 14 proyectos que impugnan el cambio de reglas para otorgar certificados de energías limpias (CEL), por considerar que se violó el debido proceso y el derecho ambiental, informó Julio Valle, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Estos proyectos representan más de 50 por ciento de la energía limpia que está en México.

La Amdee precisó que las medidas generan daño por partida triple: por un lado violentan derechos ambientales y destruyen el valor de activos de proyectos de energías renovables ya en operación.

Además, sientan un precedente para llevar a cabo modificaciones legales por la vía administrativa que disminuye la confianza de los inversionistas en nuestro país.

En un comunicado la Amdee, señaló específicamente: “Nuestros asociados reclaman que las medidas efectuadas van en contra del derecho fundamental a un medio ambiente sano, una exigencia irrenunciable reconocida tanto por la Constitución como por tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado.

También implican una doble contabilidad de recursos limpios, una distorsión significativa al mercado de CEL y una afectación a proyectos e inversiones en el sector eléctrico que contribuyen al crecimiento económico del país.

Bajo su forma original, los CEL constituyen el principal mecanismo para que México alcance sus metas nacionales e internacionales de generación limpia de electricidad y, por tanto, pueda cumplir con las obligaciones de mitigación de cambio climático que adquirió ante la comunidad internacional.

Además, según la asociación, son una parte integral del mecanismo contractual que ha permitido que México tenga nuevas plantas de energías renovables que fortalecen la seguridad y soberanía energética y reducen drásticamente los costos de generación.

El comunicado destaca que la medida que se impugna, lejos de generar ahorros para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le impone costos adicionales.

Las modificaciones a los lineamientos privan a la empresa productiva del Estado de un mecanismo que había impulsado una importante disminución de costos de generación de electricidad: mientras el costo medio de generación ronda los 80 dólares/Megavatio-hora, las subastas a largo plazo permitieron costos de generación de menos de 21 dólares/MWh, incluyendo el precio del CEL.