Martes 19 de noviembre de 2019, p. 34
La de educación será la tercera legislación constitucional que no será aprobada en tiempo y forma conforme al calendario de aprobación de dictámenes hecho por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.
Hasta el momento los diputados no han cumplido con la aprobación de ninguna ley según el calendario que ellos mismos propusieron, con lo que la ley de educación, que debía aprobarse hoy, es parte del rezago legislativo en el que se encuentran las leyes de planeación y del sistema de cuidados.
Si bien en la Comisión de Educación continúa elaborándose el dictamen, su presidenta, la diputada Lilia Sarmiento Gómez, del Partido de Trabajo, adelantó que se contempla hacer obligatoria la educación inicial de cero a tres años, a fin de que los niños puedan desarrollar sus habilidades, hábitos y valores desde su corta edad.
Para esto, los legisladores trabajaron con representantes de países como Cuba y Finlandia para conocer su método de educación inicial.
En entrevista, la diputada explicó que también se toman en cuenta diversos aspectos, desde la enseñanza de lenguas indígenas hasta la implementación de materias ligadas al cuidado del medio ambiente. También se contempla llevar la educación a las comunidades y pueblos indígenas para garantizar el derecho de la educación gratuita y laica a todos los sectores de la población.
Asimismo, se ordena que en las leyes locales se establezcan apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica, así como un apoyo económico para los estudiantes de educación media superior que evite la deserción escolar.
Estamos haciendo una ley que sea en beneficio de los más pequeños, porque finalmente ellos son el futuro del país
, dijo la legisladora.
Quitan recursos al canal
En otro tema, el comité del canal de televisión del Congreso prepara su propuesta de presupuesto, en el que se plantea un recorte de 30 a 25 millones de pesos para 2020.
Los diputados confían en que este presupuesto será suficiente, pues se reducirá la plantilla laboral de 90 a 40 plazas y se dejará de pagar renta para ocupar los nuevos estudios que se montan en la sede de la calle Gante, en el Centro Histórico.