La prestación de servicios de defensoría pública para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se ha quedado corta, reconoció el presidente del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval.

Durante un conversatorio sobre personas en situación de movilidad, detalló que ese organismo lleva aproximadamente 5 mil casos al año de personas migrantes y sujetas a protección internacional, en un universo de cientos de miles que transitan por territorio nacional.

Al hablar sobre la propuesta de reformas al artículo 70 de la Ley deMigración, que ha sido planteada en el Senado de la República, Sandoval agregó que existen muchos casos que no ha sido posible atender, porque no tenemos acceso pleno a las estaciones migratorias, a la población que está privada de la libertad en dichas estaciones.

Por ello, ve con buenos ojos la reforma, la cual plantea que toda persona migrante, sujeta a un procedimiento administrativo migratorio, tenga derecho a ser notificada y contactada con su consulado, a un traductor y representación legal. Debe estar asistida por las personas que libremente designe.

Esta modificación del marco legal será una llave para que las personas en situación de movilidad tengan acceso no sólo a la defensa, sino a otro tipo de derechos. Ello, toda vez que existen muchas garantías fundamentales de los migrantes y personas con necesidad de protección internacional que podrían hacer valer, sin embargo no tienen conocimiento de las mismas.