Al firmar la convocatoria para la consulta ciudadana del Tren Maya, a realizarse el 15 de diciembre próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que acatará la voluntad ciudadana e incluso aceptaría una segunda consulta, cuando entre en vigor la reforma constitucional en la materia.

Si la gente dice sí, vamos; si la gente dice no, ahí quedó, ahí llegamos. El pueblo manda, expresó en conferencia de prensa matutina.

Comentó que este compromiso no es un asunto leguleyo, sino de principios. “Si en el supuesto de que legalmente se pueda y los ciudadanos digan: ‘Queremos la consulta’, reúnen las firmas, se va a votación de nuevo y gana de que se pare la obra, se para la obra, no hay ningún problema”.

Aseguró que su gobierno respetará los resultados porque tiene calidad moral, no es mapache electoral ni tramposo y nunca ha hecho un fraude. Anunció el carácter vinculatorio de la consulta; es decir, su resultado definirá si se construye o no el circuito férreo de más de mil 400 kilómetros en la Península de Yucatán, cuyo costo (unos 120 mil millones de pesos) se obtendrán de los ingresos y ahorros presupuestales del gobierno, así como de las aportaciones del otrora Fondo de Turismo, de donde se obtendrá la mitad de los recursos programados.

Explicó que el proyecto y el dinero ya están listos, sin adquirir deuda, gracias al resultado del combate a la corrupción y de no permitir lujos en el gobierno. Precisó que la iniciativa privada participará en la construcción y operación de vías, trenes, equipo y estaciones.

Tal como lo señaló el pasado fin de semana, el Presidente reiteró que la meta es terminar el Tren Maya antes de que concluya su gobierno, la obra se prolongaría tres o a más tardar cuatro años, y se evitará el riesgo del aeropuerto de Santa Lucía, asunto en el que el gobierno enfrentó un alud de 140 amparos. El ejercicio de participación del tren hace énfasis en las comunidades indígenas de las entidades involucradas en la obra: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por tanto, se realizará en dos vías: consulta ciudadana y, a su vez, dentro de asambleas de comunidades indígenas.

Esto es muy importante, enfatizó el jefe del Ejecutivo, porque se está cumpliendo no sólo con lo que establece la ley, sino con el compromiso de ‘mandar obedeciendo, gobernar con el pueblo’. Lamentó que antes no se consultara a los ciudadanos y su gobierno heredó las consecuencias de la imposición, como ocurrió con el tren Toluca-Estado de México; sin embargo, mencionó también que el pueblo sabio impidió que se construyera el aeropuerto en Texcoco, que hubiera significado un gasto gubernamental exagerado.

El responsable del proyecto, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), manifestó que aunque el proceso de consulta inició este viernes, ya ha habido un proceso preliminar e informal con las comunidades en la región donde viven 12 millones de personas y llegan cada año 17 millones de turistas.

Llevamos hasta el momento 98 por ciento de las anuencias por parte de las comunidades para el derecho de vía, aseguró el funcionario federal, así como un plan de protección al medio ambiente y participación de los ejidatarios.