studiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron ayer una marcha pacífica que partió del Parque de la Bombilla hacia la Torre de Rectoría con la exigencia central de que cesen el acoso y la violencia de género en la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la casa de estudios. Después de que las alumnas y alumnos arribaran a la Rectoría, una veintena de encapuchados prendió fuego a las puertas del edificio y a una bandera nacional, arrojó bombas molotov, saqueó la librería Henrique González Casanova, destrozó ventanas y realizó pintas en las inmediaciones.

En un comunicado en redes sociales, la UNAM repudió los actos de violencia e informó que proporcionará a las autoridades ministeriales todos los elementos a su alcance para que proceda contra lo que calificó como un comando de delincuentes embozados. Debe señalarse que horas antes la administración universitaria había exhortado a quienes participaran en la marcha a evitar que su acción de protesta se viera contaminada por provocadores profesionales.

Se debe reconocer que la reivindicación enarbolada durante la marcha es absolutamente legítima, toda vez que la violencia de género es un fenómeno intolerable que, si no ha tenido un incremento notorio en años recientes, sí ha ganado visibilidad, en buena medida, gracias a la persistencia de activistas y denunciantes. En este sentido, las propias autoridades de la FFL admitieron el miércoles pasado que al encarar la demanda más sentida de su comunidad estudiantil han tenido falencias tan graves como la falta de empatía con las víctimas y una atención deficiente de las denuncias.

Con todo, está igualmente claro que la destrucción de las instalaciones universitarias de ninguna manera constituye una vía adecuada para transitar hacia la solución de la problemática referida, no sólo porque difícilmente abona a destrabar las lacras estructurales que solapan la violencia contra las mujeres, sino porque existen poderosos indicios de que resulta contraproducente. En efecto, en ésta como en otras ocasiones, los actos vandálicos han propiciado que la atención se desvíe de lo esencial, que es lograr un compromiso integral de las autoridades de todos los niveles para poner fin a cualquier forma de violencia de género.

Por último, si bien la máxima casa de estudios está en su derecho a proceder contra quienes vandalizaron sus instalaciones, tiene asimismo la obligación de convertir el reconocimiento autocrítico emitido el miércoles en medidas eficaces para garantizar la integridad física y emocional de todas las integrantes de su comunidad.