El destino de la presa El Zapotillo, con la que se pretende dotar de agua a la región Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato, constitucionalmente corresponde decidirlo al presidente Andrés Manuel López Obrador, como todos los proyectos hídricos del país, aseguró María del Carmen Carmona Lara, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo único sobre lo que hay que llamar la atención al Presidente es que debe ejercer la atribución con toda su fuerza, porque se trata de un bien nacional y no público, dijo Carmona Lara, entrevistada ayer en las Jornadas hacia una gestión integral del agua en Jalisco, Guanajuato y México: alternativas para el abastecimiento del agua en sustitución de la presa El Zapotillo, celebradas en Guadalajara.

Junto con especialistas internacionales y nacionales en gestión del agua, María del Carmen Carmona dijo que el convenio firmado este año por los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, para repartirse el agua del embalse, no tendría repercusiones jurídicas.

El agua es un bien nacional, les guste o no. Mientras no se reforme el artículo 27 (de la Constitución federal), el agua es un bien de la nación y necesita una gestión integral que encabece el Presidente de la República y su jurídico. Nadie tiene que intervenir porque es una toma de decisión estratégica y del más alto contenido político, asentó.

Benjamín Berlanga Gallardo, presidente del Comité y de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien acudió al foro en representación del titular de la dependencia, Víctor Manuel Toledo, dijo que el conflicto socioambiental por la presa se resolverá con un proceso de diálogo y con el indispensable visto bueno de las comunidades afectadas.

Estas jornadas son previas a las mesas de trabajo que a partir de diciembre realizarán pobladores de la comunidad Temacapulín –en el municipio jalisciense de Cañadas de Obregón–, ambientalistas, investigadores, especialistas, así como funcionarios federales y estatales de Jalisco y Guanajuato para determinar qué se hará con la presa El Zapotillo y cuáles son las alternativas a este proyecto.

La reunión fue convocada por una veintena de organismos, entre ellas la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, al igual que las asociaciones estadunidenses Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente y Asociación Internacional de Hidrogeólogos.

Mientras, en la Ciudad de México, la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, dijo que aún no se ha tomado una decisión sobre lo que pasará con la presa El Zapotillo, ya que continúa el diálogo con todas las partes involucradas.

Entrevistada antes de participar en la presentación del libro El estudio del agua en México, coordinado por Manuel Perló e Itzkuauhtli Zamora, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, recordó que se hicieron trabajos en la cortina de la presa, de casi 80 metros de altura, para evitar daños y la inundación de poblados.