Por el derrumbe del colegio Rébsamen, donde perdieron la vida 26 personas y otras 27 resultaron lesionadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró actos de corrupción, negligencia y omisiones en las obligaciones legales por parte de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno de la Ciudad de México y la entonces delegación Tlalpan.

Al emitir sendas recomendaciones a esas dependencias, el organismo dijo haber detectado irregularidades en autorizaciones del inmueble para funcionar como escuela y en su construcción. Resaltó que había un cuarto nivel en el inmueble, cuando lo permitido en esa zona es hasta tres, además de no cumplirse con la orden de clausura y demolición del piso extra; también el funcionamiento y operación de la escuela están dentro de las anomalías que se pasaron por alto con base en un documento, al parecer apócrifo.

Tampoco se siguió la normatividad en materia de construcciones, por lo que todo eso contribuyó a que el plantel estuviera vulnerable y colapsara durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La CNDH señaló que en las investigaciones penales y administrativas a realizarse se deben considerar toda la cadena de mando dentro de la delegación Tlalpan para identificar a los servidores públicos que fungían como responsables en las áreas donde se realizaron gestiones, autorizaciones y visitas de inspección al colegio para determinar responsabilidades.