En momentos en que México vive una violencia creciente e impunidad generalizada, es urgente fortalecer el sistema judicial penal en el país, concluye la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en un reciente informe.

En el texto –divulgado ayer–, Gina Hinojosa y Maureen Meyer, investigadoras de esta organización defensora de los derechos humanos, advierten que desde el comienzo del año, un promedio de 95 personas al día han sido asesinadas en México, y sólo 5 por ciento de los casos de homicidio termina en condena.

A 11 años de las reformas constitucionales que exigieron la aplicación de un sistema penal acusatorio a escalas nacional y estatal, las prácticas arraigadas en las investigaciones y las deficiencias en la capacidad técnica continúan paralizando los esfuerzos de México para combatir la violencia y la corrupción, y responsabilizar a los funcionarios públicos que cometen violaciones de los derechos humanos.

No obstante, en el reporte El estado de derecho en México: 11 años después de las reformas de justicia penal, las especialistas destacan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de proporcionar a este sistema los recursos que necesita para enfrentar los desafíos.

En este contexto, señalan, es necesario el apoyo a las reformas de 2008, así como respaldo político y financiero a la nueva Fiscalía General de la República y al Sistema Nacional Anticorrupción. También se deben afianzar las dos leyes que México aprobó en 2017 para abordar la tortura y las desapariciones.

Para las expertas de WOLA, un sistema de justicia penal eficiente requiere, además de una supervisión y evaluación efectivas, fuerte coordinación entre las agencias de justicia y supervisión y evaluación reales.

Para el 18 de enero de 2020, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, debe presentar su plan de persecución penal, en el que se establezcan las prioridades de esta autoridad y sus objetivos a corto, mediano y largo plazos, así como detallar las responsabilidades específicas de policías, fiscales y otro tipo de personal.

Destacan que el gobierno mexicano debe abstenerse de aprobar reformas que sean incompatibles con el sistema de justicia acusatorio. El contenido y el alcance de las posibles reformas judiciales recientemente anunciadas por las tres ramas del gobierno, serán fuertes indicadores de si México se está moviendo en la dirección correcta para abordar de manera efectiva la crisis de impunidad o si se corre el riesgo de perder los logros tan reñidos de las reformas que empezaron en 2008, se lee en el documento.