l martes 29 de octubre de 2019 presenté en el pleno del Senado la iniciativa de reforma a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación (en inglés outsourcing). De inmediato los empresarios outsourceros, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones de los dueños de estas formas de acumulación de capital, así como los personeros políticos a su servicio y los columnistas corrompidos y controlados por aquéllos, desataron una jauría de ataques y persecución contra esta iniciativa y contra mí en lo personal sin conocer el contenido de la propuesta y sus alcances, pero con una obstinación y ferocidad que muestran la falta de sensibilidad en este tema, además de la ambición y avaricia que se esconden detrás de esa campaña sucia y perversa, de la cual tenemos evidencias.

Y no podía ser de otra manera, pues esos sujetos han abusado de ese sistema de subcontratación ilegal y no quieren perder su comodidad y estado de confort, por medio del cual han acumulado fortunas enormes, violando los derechos de los trabajadores, incumpliendo con las instituciones de seguridad social (IMSS, Infonavit, Afore) y desde luego engañando y evadiendo al fisco en montos que rebasan actualmente más de 500 mil millones de pesos.

De ahí que su reacción fue irracional y violenta cuando anuncié en mi intervención ante el pleno del Senado que la transformación profunda que México exige y requiere nos obliga a analizar aquellos aspectos nocivos que han dañado al país durante los anteriores 20 o 30 años y que hoy tenemos la oportunidad histórica de dejar en el pasado, corrigiéndolos y cambiándolos en busca de mejor futuro y mejor justicia, y es cuando se arma todo este escándalo.

Durante los tres sexenios pasados se propagó un fenómeno de subcontratación, conocido con los anglicismos de outsourcing e insourcing, que generó el crecimiento desmesurado de grupos de delincuentes que, solapados por el poder público y en muchas ocasiones en complicidad con éste, consolidó la afectación de los derechos de los trabajadores, de la hacienda pública y de la economía nacional.

Cientos de empresas (se calculan alrededor de 400 con casi 8 millones de trabajadores) cayeron en la tentación de simular operaciones mediante las cuales hicieron migrar a sus trabajadores hacia supuestas prestadoras de servicios que los recibían para inmediatamente después ofrecerles, supuestamente, el servicio de manejo de personal y nóminas. En México se desdibujó la subcontratación en tanto que dejó de ser un esquema racional en el que estrictamente una empresa dotara a otra de personal técnico especializado y por tiempo y obra determinado.

En nuestro país durante los años recientes se han creado esquemas en los que los llamados outsourceros, que no cabe duda que son organizaciones en algunos casos de tendencias delincuenciales o criminales, absorben a la totalidad de los trabajadores de una empresa promotora y cómplice que les es ajena y con ello impactan el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades (PTU), disminuyen o nulifican el pago adecuado de sus obligaciones a las cuotas de las instituciones de seguridad y además expiden facturas falsas por esos actos simulados, en detrimento del fisco federal.

En buen número de los casos dentro de este negocio ilícito, los outsourceros se identifican con los factureros, configurando una red que ha ocasionado multimillonarias pérdidas al país. Estas prácticas no tienen por objeto el recto o sano desarrollo de una empresa, son simplemente hechos de corrupción disfrazados de supuesta legalidad. Muchos de esos empresarios pretenden que se haga la distinción de lo que llaman el outsourcing bueno del malo o el positivo del negativo.

Pero lo que no están dispuestos a reconocer y menos a cambiar es el outsourcing legal del ilegal. Las consecuencias de esta problemática son por mucho negativas, porque las personas trabajadoras, al dejar de ser formalmente parte de la planta laboral de la empresa que genera las utilidades, se vuelven víctimas del delito que cometen tanto el que los hizo migrar a otra estructura legal como aquellos que los recibieron como parte de su nueva nómina, que son precisamente las estructuras ilegales del outsourcing, que no reportan utilidades y los engañan escondiendo los verdaderos resultados.

En consecuencia y a manera de resumen, se pueden destacar tres hechos fundamentales que sostienen y fundamentan esta iniciativa de reforma a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social que he presentado: primero, a pesar de lo que muchos desearían, no se prohíbe el outsourcing o subcontratación. Se propone regular esa modalidad de manera más estricta, sobre nuevas bases y reglas, así como la restitución de lo que han evadido o saqueado para que esos delitos no sean judicializados penalmente. Segundo, se otorga en esta nueva ley un periodo de 12 meses para autorregularse y corregirse de todas las prácticas negativas y omisiones. Tercero, la nueva iniciativa dispone que las secretarías de Economía y Trabajo y Previsión Social expidan las normas para poner en marcha el sistema de gestión de las empresas legales de subcontratación y puedan crear el Registro Nacional de Empresas, con lo cual podrán certificarse y registrarse para erradicar el outsourcing e insourcing ilícitos, los cuales en el segundo son los propietarios de la misma empresa matriz u original, pero que hacen la función de outsourceros para los mismos fines ilegales.

Eliminar el cáncer del outsourcing o subcontratación que actúa fuera de la ley, que tanto daño le ha hecho a México, es una forma de atacar la corrupción y reivindicar los derechos de los trabajadores, la seguridad social y la agenda pública.

Finalmente, es importante dejar muy en claro que esta reforma a la ley no impide ni obstaculiza la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, como errónea y perversamente lo han dicho los outsourceros y sus voceros, sino por el contrario, nos acerca más a la firma de este importante acuerdo comercial, porque eso es precisamente, y me consta, una de las exigencias o demandas que los congresistas y líderes sindicales de los vecinos países del norte han expresado reiteradamente. Yo lo he discutido con ellos en sus diversas visitas a nuestro país, en Washington, en Canadá y en todos los foros en los que he participado. En ese sentido han hecho trascendentes declaraciones de apoyo y solidaridad en favor de esta iniciativa los líderes políticos y sindicales de esas naciones.