ste viernes será dada a conocer la forma en que el gobierno federal realizará la consulta pública referente a la construcción del Tren Maya. Se hará en 230 poblaciones de cinco estados, durará mes y medio y estará a cargo de Adelfo Regino, quien dirige el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Para afinar los detalles se reunieron ayer con el Presidente de la República varios funcionarios relacionados con el tema.

A diferencia de los ejercicios hasta ahora realizados, que no han tenido obligatoriedad o condición vinculatoria (es decir, que lo determinado en esos ejercicios tuviese que ser ejecutado por las autoridades correspondientes) ni garantías mínimas de certeza democrática, la consulta sobre el Tren Maya deberá cumplir con los requisitos de las nuevas normas jurídicas en el ámbito nacional y, específica y fundamentalmente, con lo establecido en tratados internacionales para garantizar que comunidades indígenas puedan emitir su voto de manera informada y segura.

Es decir, no más consultas convocadas para otros temas y luego habilitadas como votaciones a mano alzada o remedos mal montados como sucedió en el caso del Proyecto Integral Morelos, que incluye a la termoeléctrica de Huexca, contra lo cual luchó Samir Flores, ejecutado en la víspera de una de esas consultas, sin que su caso haya sido esclarecido hasta ahora. En el caso del Tren Maya, tendrá que cumplirse puntualmente lo establecido mediante reformas recientes a la Constitución y leyes secundarias, y lo relacionado con las reglas internacionales correspondientes.

De otra manera, se estará incentivando una inconformidad social, procedente desde la izquierda no necesariamente electoral o abiertamente contraria a los procesos electorales en sus términos actuales. Esa inconformidad procede, sobre todo, de bases organizadas en torno al movimiento neozapatista, donde se tiene más que recelo respecto de los planes económicos del obradorismo en aquella región, a los que tildan de desarrollistas, destinados a satisfacer a los grandes capitales y no a promover el desarrollo real de las comunidades. No se olvide que varios de los más acaudalados empresarios nacionales están dispuestos a participar del gran negocio llamado Tren Maya.

Este viernes debe ser aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación que regirá durante 2020. Dado que Andrés Manuel López Obrador prometió no subir impuestos ni crear nuevos, el erario ha tenido graves problemas para estirar una cobija evidentemente precaria. Recortes e insuficiencias han impactado a ciertos sectores sociales a la par que otros, los más desamparados históricamente, han sido claramente beneficiados. En 2020 la película será más o menos parecida pero, según algunos observadores, podrían darse más episodios violentos o cuando menos tensos.

Ayer se produjo uno de esos momentos preocupantes. Miembros de organizaciones campesinas, según lo reportado por varios medios, empujaron y patearon a integrantes de la élite de la Cámara de Diputados. Coordinadores de las bancadas partidistas, que a su vez forman un órgano superior de coordinación política en San Lázaro, se enfrentaron a algo a definirse como desahogo, error o provocación. Lo cierto es que fueron víctimas de violencia física en la víspera de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar (ex dirigente de El Barzón), apruebe o rechace el dictamen sobre el presupuesto 2020 que el viernes será presentado en la plenaria de los diputados, si es que los grupos en protesta lo permiten, o si es que la policía capitalina entra a desalojar a esos manifestantes.

Astillas

El panismo recurrirá a instancias judiciales del país y del extranjero para impugnar el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En corto, algunos promotores de esa estrategia aceptan que tendrá poca viabilidad en lo interno, pero podría tener resonancia política al acudir a comisiones o cortes internacionales ¡Hasta mañana!

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