El presupuesto de mil 300 millones de pesos para poner en marcha la primera etapa de la reforma laboral para 2020 están garantizados, en un proceso que contempla diez entidades, con la instalación del Centro Federal de Conciliación y el Registro Laboral.

Esta última instancia será la encargada de todos los registros sindicales que se den en estas primeras entidades –la mayoría de ellas calificadas como las menos conflictivas en materia laboral; de los depósitos de los contratos colectivos, y sus respectivos procesos de legitimación.

La secretaria del ramo, Luisa María Alcalde, añadió que junto con el tema presupuestario para la creación de las nuevas instancias, ya se inició también el proceso de capacitación del personal, aunque también se deberán sumar los recursos de los presupuestos estatales para poder establecer los tribunales laborales locales, de conciliación y registro.

Entrevistada luego de participar en el Foro de capacitación sobre el nuevo modelo laboral para las áreas de recursos humanos y laborales, en la Escuela Libre de Derecho, la funcionaria se refirió al proceso de renovación de los estatutos y dirigencias sindicales. Dijo que éstas, sin excepción, deben ceñirse a los procedimientos democráticos establecidos en la legislación, que prevé el voto directo, universal y secreto.

Las autoridades no decidirán a quien fortalece y a quien debilita, eso le corresponde a los trabajadores, dijo.

La primera etapa de la puesta en marcha de la reforma laboral inicia el primero de octubre de 2020 e incluye a los estados de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, siendo ellos los menos conflictivos, y el estado de México, que quiso entrar en este primer grupo.