En México, las personas que viven con algún tipo de discapacidad siguen enfrentando un extendido panorama de discriminación y aislamiento que perjudica algunos de sus derechos más elementales, entre ellos los de la educación, la salud y el trabajo, como parte de un fenómeno que es todavía más difícil de combatir porque las autoridades no cuentan con información detallada sobre este tema.

Así lo indicaron los autores del Atlas sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes señalaron que las características y necesidades de este sector de la población han sido invisibilizadas, lo que perpetúa un escenario de grave discriminación en el país.

Berenice Álvarez Becerril, una de las realizadoras del estudio –junto con los investigadores Verónica Ibarra, Mario Casasola y Pastor González–, señaló que cuando la sociedad normaliza la idea de que los espacios públicos son para las personas que pueden caminar y ver, por consecuencia quedan excluidos del mismo quienes no cumplen con esas características físicas.

Debido a que muchas personas no saben cómo actuar ante quienes tienen alguna discapacidad o incluso las consideran una carga, los afectados padecen una gran cantidad de obstáculos para acceder a la educación, la salud y el empleo, lo que los convierte en uno de los sectores sociales que sufren mayor discriminación y violencia de todo tipo, alertó.

Todos nosotros vamos hacia allá (la discapacidad), ya sea por edad, por accidente, por enfermedad o por maternidad, por eso es fundamental que entendamos que el problema de las personas con discapacidad es de todos, subrayó Álvarez.

Por su parte, el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, destacó que el mencionado atlas –en el cual se analizaron 64 indicadores, que están contenidos en diversas leyes y programas oficiales– dejó en evidencia que las autoridades de todos los niveles de gobierno no han sistematizado su información sobre temas de discapacidad o simplemente no cuentan con ella.

Un ejemplo de lo anterior, indicó, es que la gran mayoría de las instituciones consultadas aseguraron tener información estadística sobre los derechos políticos de la población con discapacidad, pero no desagregada; mientras en temas económicos y laborales, los principales organismos encargados admitieron no tener datos al respecto.