Los 12 organismos del sector privado que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentaron un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la llamada ley Bonilla, pues consideran que se violó el derecho al voto al haber extendido el periodo para el que fue elegido el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Por primera ocasión en su historia, el organismo cúpula hizo uso de un amicus curiae, mecanismo por el cual terceros que no son parte de un proceso legal pueden presentar una opinión técnica a un tribunal con el fin de aportar elementos relevantes.

Encabezados por el CCE, las confederaciones de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, de Cámaras Industriales y Patronal de la República Mexicana; las asociaciones Mexicana de Instituciones de Seguros, Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, de Bancos de México y Mexicana de Instituciones Bursátiles; los consejos Nacional Agropecuario, Mexicano de Negocios, y las cámaras Nacional de la Industria de Transformación y de Comercio de la Ciudad de México pidieron al Poder Judicial de la Federación que resuelva la inconstitucionalidad del decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California.

Los presidentes de los organismos empresariales reiteraron su condena a la ley Bonilla y expresaron que el recurso presentado busca defender la Constitución federal.

Agregaron que por su naturaleza de norma electoral, el decreto 351 debió haberse emitido al menos con 90 días de antelación al inicio del proceso electoral, como marca la Constitución.

Consideraron que constituye una violación al ejercicio del derecho al voto consagrado en la Constitución, pues los ciudadanos de Baja California acudieron a votar por un gobernador que duraría dos años en el cargo y la modificación del periodo de mandato vulnera su derecho al voto.

Indicaron que la determinación del periodo del cargo que fue objeto de la elección no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California, pues implicaría aceptar no sólo que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad, lo que se traduciría en un régimen de democracia aparente, en la que de facto se alteran los periodos de ejercicio del cargo sin tomar en cuenta la libre expresión de la voluntad de los electores.

También consideraron que es una forma de relección, pues de acuerdo con el artículo 116 constitucional, los gobernadores cuyo origen sean comicios en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo.

Los firmantes señalaron que se contrapone a la expresión de la ciudadanía en las urnas y pone en entredicho la democracia y el estado de derecho en Baja California.