unca se había dado un proceso tan accidentado para designar a quien hubiera de presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante tres décadas, esos nombramientos se negociaron tras bambalinas, siempre a conveniencia y por decisión del presidente de la República en turno, con una garantía no escrita de no ir más allá de lo que fuese permisible en las circunstancias pragmáticas que definieran Los Pinos y otros funcionarios públicos influyentes.

En contados casos hubo recomendaciones (sin condición vinculatoria: es decir, sin obligar a los infractores de derechos humanos a obedecer lo establecido por la CNDH) que generaron cierta incomodidad en las élites políticas amafiadas. Pero todo, a fin de cuentas, era manejable.

Rosario Piedra Ibarra también tiene una relación política con el actual Presidente de la República. Fue activista confluyente en el ancho e informal movimiento social que impulsó a Andrés Manuel López Obrador y lo defendió y acompañó luego de dos fraudes electorales (uno, clarísimo, de Felipe Calderón; otro, menos evidente, de Enrique Peña Nieto, a billetazos). Luego, fue directiva de Morena y candidata a un puesto de elección popular a nombre de este partido.

Sin embargo, esa cercanía y compañerismo de Rosario Piedra Ibarra con López Obrador (y de su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra) no implica un sometimiento a los dictados de quien hoy reside en Palacio Nacional. La vida de lucha de las Rosarios, en búsqueda de desaparecidos políticos y en denuncia y confrontación con los poderes de diversos niveles y en diversas fechas, no podría avenirse a una conducta palaciega, a un arreglo político sin necesidad de palabras que significara la llegada a la CNDH a cambio de apoyo a la Presidencia de la República o de ceguera o mutismo ante acciones del obradorismo que violaran derechos humanos.

Por tanto, la elección de Piedra Ibarra no es una elección normal ni rutinaria. La hija de doña Rosario ha sido encaminada hacia la CNDH por las circunstancias de lo ahora llamado Cuarta Transformación, proyecto este que es una construcción y una aspiración colectivas, un variopinto desenlace institucional de una amplia lucha social, no sólo electoral. Sin el obradorismo en el poder, habría sido casi imposible que Piedra Ibarra estuviera en ruta de suceder a Luis Raúl González Pérez, pero sin las luchas sociales, de las cuales doña Rosario y sus comités de lucha fueron parte motriz, es probable que tampoco estaría AMLO en ese poder.

La posibilidad de romper con Piedra Ibarra el muy asentado diseño salinista-carpicista de la CNDH, es decir, de convertir ese aparato institucional en una auténtica defensoría de los ciudadanos ante los abusos del poder público, ha sido objetado con energía por miembros de partidos opositores al obradorismo, en especial Acción Nacional, a partir de una duda procesal no esclarecida respecto al número de senadores presentes a la hora de elegirla y, de manera concomitante, la definición del número mínimo de sufragios para aprobar un tema que requiere de votación calificada.

No es un tema menor el de la legalidad y la legitimidad del nombramiento de Piedra Ibarra. Y de ello se han valido los opositores a López Obrador para arremeter contra la nueva defensora de los ciudadanos y, al final del puesto de tiro al blanco, contra el propio político tabasqueño.

En todo caso, Piedra Ibarra deberá demostrar en los hechos su auténtica independencia política y su disposición real a abordar temas delicados, aunque Palacio Nacional o sus operadores no lo deseen. Al acecho tendrá al aparato burocrático de la CNDH, cargado de abogados, pero no de activismo ni lucha social.

Y, mientras ha llegado Evo Morales a México y con tal motivación se ha incrementado la belicosidad en redes sociales de cuentas que atacan a AMLO, ¡hasta mañana, con la senadora contraria al evismo Jeanine Áñez rindiendo protesta como sedicente presidenta de Bolivia, en una sesión de la Asamblea Legislativa de ese país que no tuvo quórum ni cumplió con las formalidades mínimas del caso!

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