os gobernantes en general –sobre todo en una república democrática– están obligados a ser cautos y mesurados en sus declaraciones públicas; y en particular, en el México actual, si han de referirse a avances o logros en materia de seguridad pública, un terreno resbaladizo de por sí.

Desde hace muchos años ha quedado demostrado que los grupos criminales llevan delantera al gobierno, pues poseen poder de fuego, temeridad, flexibilidad y capacidad financiera que los pone fuera del alcance del poder del Estado. Pero la sublevación, por llamarla de alguna manera, en Culiacán, y el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón no han hecho sino confirmarlo.

De poco sirve que el poder militar del Estado sea mayor que el de los grupos criminales, si no puede ejercerlo por razones de estrategia, de táctica, políticas o éticas, porque los delincuentes no se sujetan a consideraciones de ese tipo. Tienen su propia lógica, su propia dinámica, su propio ritmo y su propia agenda.

Por eso, los ediles que opinaron que la violencia en sus municipios va a la baja deberían consignar esa información como simple dato estadístico, para no dar lugar a que el público piense que es resultado de su gestión o de la de su partido en otros ámbitos de gobierno.

Que los índices de criminalidad han caído, puede ser verdad. Que ha sido así debido a la acción del gobierno, eso es mucho más dudoso. En cualquier momento México y el mundo pueden ser sorprendidos por la noticia de una nueva barbaridad cometida por los grupos criminales, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, la rebelión en Culiacán o la masacre de la familia LeBarón.

Si la estrategia pacificadora del gobierno federal es efectiva, eso es algo que aún está por verse. El mismo presidente López Obrador acaba de pedir un año más para empezar a presentar resultados, pero tal vez ni siquiera ese plazo sea suficiente para ello, pues el problema es mucho más complejo y no admite simplificaciones.

En Su programa social estrella, Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo objetivo es arrebatar al crimen organizado a las personas más vulnerables de la sociedad, se han detectado fallas, sobre todo en la Costa Grande, las cuales obligan a la Secretaría de Bienestar a reubicar a los muchachos becados para poner fin a vicios.