Santiago. Parece absurdo pero es cierto. Un asunto tan etéreo, tan intangible y aparentemente tan lejano de la realidad de las personas, se ha convertido en la principal reivindicación y objetivo del levantamiento social en desarrollo en Chile: gestar una nueva Constitución. Y más absurdo aún, lo que por años fue evitado por la acomodaticia élite política –en gran medida por el cuórum calificado que es requeridos en el Parlamento y por el bloqueo de la ultraderecha pinochetista–, hoy parece ser la única salida a la crisis y empieza a visualizarse como posible.

Javier Couso, abogado constitucionalista y catedrático de las universidades Diego Portales (Chile) y de Utrecht (Holanda), pertenece al puñado de expertos que al menos desde hace cinco años vienen insistiendo en la necesidad de que Chile transite del orden neoliberal al régimen de lo público. Aquí conversa con La Jornada.

–¿Cuál es su interpretación de que la gran mayoría de la ciudadanía (80 por ciento) estime que la salida a la crisis depende de la redacción de una nueva Constitución?

–Que la presidenta Bachelet haya puesto una nueva Constitución como uno de los ejes de su segundo gobierno, explicitando que eso era necesario para cambiar el modelo económico, sumado a sentencias en que el conservador Tribunal Constitucional (TC) derribó leyes progresistas; así como la amenaza que hace sólo nueve semanas hizo Piñera de pedirle al TC que echara abajo proyectos como la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, hicieron evidente a los ojos de la ciudadanía que la Constitución de 1980, impuesta durante la dictadura, sigue siendo un obstáculo al cambio social.

–¿En qué sentido la Constitución vigente es terreno fértil para que se generen y reproduzcan los abusos e inequidades que prevalecen en la sociedad chilena?

–Como lo reconoció el ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, el sentido era que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Y como ese régimen impuso una de las variantes más extremas de neoliberalismo del mundo, la Constitución de 1980 se ha transformado en el mecanismo mediante el cual, cuando los defensores del modelo pierden votaciones en el parlamento, acuden a la Constitución y a su brazo armado, el Tribunal Constitucional, para echar abajo leyes que busquen cambiar o morigerar el modelo.

Couso abunda en ejemplos: la supresión del derecho de los trabajadores a negociar por rama de actividad, esto es, entre varias organizaciones sindicales y varios empleadores de un mismo rubro, práctica habitual en países; la prohibición del derecho a huelga de los funcionarios públicos; la constitucionalización del sistema privado de pensiones, impidiendo el modelo de reparto, y de los seguros privados de salud. Y en adición a esa constitucionalización, añade, el TC ha realizado una jurisprudencia activista de protección del modelo, declarando inconstitucionales proyectos de ley aprobados, por ejemplo, uno que impulsaba la sindicalización; o el que fortalecía las facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac); o el que prohibía a los controladores de universidades privadas perseguir fines de lucro.

–El presidente ha mencionado su aparente disposición a hacer cambios constitucionales, pero no concreta nada al respecto; ¿en qué medida eso está arrastrando y agravando la crisis?

–Luego de tres semanas de las más masivas y violentas protestas en un tercio de siglo, Piñera se ha aferrado con uñas y dientes a la Constitución de 1980. Ha hecho declaraciones ambiguas, como no nos cerramos a cambios constitucionales, o no descartamos reformas constitucionales. Pero, incluso contra la opinión del presidente (Mario Desbordes) de su propio partido (Renovación Nacional), sigue firme en su negativa a siquiera llamar a un plebiscito o referendo para preguntar a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución. El expediente de mostrarse dispuesto sólo a efectuar reformas es que ello les daría el control a los partidos de derecha, ya que con 45 por ciento del Congreso Nacional que ostentan, tienen la llave para cualquier modificación a la Constitución de 1980, pero le tienen terror, salvo excepciones, a un proceso constituyente, que implica que se escrutine artículo por artículo la vigente. Mi impresión es que Piñera, habiendo ya perdido la esperanza de hacer un gobierno medianamente aceptable, ahora apuesta por no pasar a la historia como el mandatario que contribuyó al colapso de una Constitución que blindó el modelo neoliberal impuesto por la dictadura militar. El problema es que la tozuda posición de Piñera cierra caminos institucionales que podrían contribuir a superar la crisis.

▲ Javier Couso, abogado constitucionalista y catedrático chileno en entrevista con La Jornada.Foto del Centro Iberamericano de Derechos del Niño

–¿Cuál debe ser la génesis para una nueva Constitución que sea legítima ante la ciudadanía?

–Cuando Bachelet presentó su abortado proceso constituyente planteó tres mecanismos: una asamblea constituyente seguida de un referendo ratificatorio; otro, que el Congreso Nacional la redacte y que fuera luego ratificada por el pueblo en referendo; y una convención mixta de parlamentarios y representantes de la ciudadanía que elaborara un texto y fuera luego votado. Pero dado el descrédito actual del Congreso, creo que sólo las alternativas de una asamblea constituyente y, quizá, la de una convención mixta de parlamentarios y representantes elegidos por el pueblo, serían legítimas ante los ojos de la ciudadanía. Dicho esto, la negativa visión que se tiene de las asambleas constituyentes de Venezuela y Bolivia, que dieron lugar a procesos autoritarios en el caso del primero, y a un gobernante que controla a los tribunales, en el caso de Bolivia, generan horror en los votantes de derecha chilenos, que llegan a 45 por ciento.

–¿Cree usted que es posible el término anticipado del gobierno de Piñera en la medida que se deteriora la situación; está Chile preparado institucionalmente para enfrentar una situación así; ve usted riesgo de una ruptura institucional y una salida autoritaria a la crisis?

–La ciudadanía parece querer cambios profundos al modelo económico, más que la salida de Piñera. Intuye que la Constitución representa un obstáculo para lograr aquello. Creo que los chilenos advierten que la salida de Piñera no soluciona sus problemas, porque la Constitución seguirá ahí. Pero si la situación se deteriora, veo más probable una salida autoritaria, mediante el uso de las fuerzas armadas –que en general hasta ahora han mostrado ser muy prudentes–, que una salida anticipada de Piñera. Chile está jurídicamente preparado para una eventual renuncia del Presidente (si renunciara antes del 11 de marzo de 2020, se convocaría a elecciones anticipadas para elegir a un gobernante por los dos años y fracción que le resta en el cargo; o si renunciara después del 11 de marzo, el Congreso elegiría a su sucesor por el periodo que faltara hasta el fin del mandato original, hasta marzo de 2022).

–¿La derecha política y el empresariado ultraderechista van a aceptar un escenario que geste una nueva Constitución?

–La derecha política y el gran empresariado están en estado de conmoción. No imaginaron jamás que esto ocurriría. Y tienen horror a una nueva Constitución, y aún más si se hace mediante un mecanismo de asamblea constituyente (que asimilan a Chavismo, y al tipo de asambleismo que se da en recintos universitarios, que en Chile son percibidos por la derecha y el centro político como caóticos). Pero hay signos de cambio. La propia hija del general Fernando Matthei, uno de los integrantes de la junta militar de la era autoritaria, Evelyn Matthei, sorprendió hace una semana cuando se mostró abierta a una nueva Constitución, además del mencionado Desbordes y el conocido economista Sebastián Edwards. Pero aun son pocos en ese sector los que siquiera aceptan una nueva Carta Magna y menos los que aceptarían una asamblea constituyente.