Santiago. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se mostró dispuesto a reformar la Constitución promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque en las manifestaciones, que ya llevan tres semanas, crece la demanda de efectuar un proceso constituyente para sustituirla por completo.

Creo en los cambios a la Constitución, que son legítimos y los vamos a discutir; de hecho estamos preparando un proyecto de cambios a la Constitución para poder actualizar y tener nuestra propia propuesta, dijo el mandatario en una entrevista difundida ayer por el diario El Mercurio.

Aseguró que los cambios tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás, aunque no puso plazos para presentar su proyecto, precisó que sus reformas serán discutidas en el Congreso, la única instancia legal en el país para modificar la Carta Magna, cuyo texto actual no establece mecanismos para poder remplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado sólo para casos cuando haya diferencias graves con el Parlamento.

Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar, precisar las obligaciones del Estado y crear mejores mecanismos de participación ciudadana.

Días después de que el mandatario asumió la presidencia, el 11 de marzo del año pasado, su gobierno anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley que su predecesora, la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), envió al Congreso para modificar la Constitución. El proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, además de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Después de tres semanas de multitudinarias protestas, Piñera afirmó que su propuesta constitucional debe ser discutida junto al proyecto de ley de Bachelet y con otras que puedan surgir.

Hace dos semanas anunció una nueva agenda social con un paquete de 15 medidas referidas a mejorar el ingreso mínimo, así como reducir las dietas parlamentarias y los altos sueldos de la administración pública, iniciativas que no lograron contener el estallido social.

En las calles crece el clamor para realizar un proceso constituyente en el que se remplace la vigente Constitución, promulgada en 1980 por Pinochet.