Como imprudentes calificó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en torno a que pervirirá la llamada Ley Bonilla que amplía de dos a cinco años la gubernatu-ra de Baja California.

Añadió que se conoce de esas declaraciones por la grabación indebida que hizo el equipo del gobernador Jaime Bonilla. Esto pinta a su equipo de colaboradores como es. Haber gravado sin consentimiento de la secretaria es un hecho grave. Pero también es un poco imprudente el comentario de la funcionaria. Ella sabe perfectamente que esa reforma es ilegal, que no tiene sustento y que la Corte no la avala-rá, agregó.

Por lo demás, el también consejero José Roberto Ruiz calificó como previsible la decisión de la Corte de rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el INE en contra de la citada legislación, al informar que en lugar de este documento, se enviará un escrito de amicus curiae para acompañar las impugnaciones presentadas por los partidos políticos.

Baños Martínez explicó que los consejeros estaban conscientes de que el artículo 105 de la Constitución no le da al INE atribuciones para interponer la acción de inconstitucionalidad, pero de cualquier manera se envió, con el fin de colocar los argumentos que el instituto tiene en contra de la ampliación de la gubernatura.

Al respecto, señaló que la prolon-gación del mandato es ilegal, atenta contra todas las reglas de la democracia mexicana y de las constituciones federal y del estado.

Agregó que estos planteamientos deben agregarse a los documentos que estudiarán los ministros cuando resuelvan las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos. La figura es el escrito de amicus curiae (amigo de la corte).

Ruiz Saldaña recordó señalamientos del consejero presidente Lorenzo Córdova en torno a que si no prosperaba la acción, se presentaría el citado documento.

Los dos consejeros manifestaron su confianza en que la Corte impedirá que la Ley Bonilla prospere.

Por otra parte, Jaime Martínez Veloz, ex candidato a la gubernatura de Baja California, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de los derechos político-electorales de ciudadano en contra de la Ley Bonilla. Entre los argumentos esgrimidos, refirió que esa norma viola el principio de la certeza jurídica.