Querétaro, Qro., La jueza de control en Querétaro, Miriam Lorena Trejo Ortega, vinculó a proceso al empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa por el delito de falsedad de declaración en agravio del servicio público, pero decidió que lo haga en libertad y con un brazalete electrónico como medida cautelar para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.

Sergio Hugo Bustamante fue quien presentó la denuncia de supuestas operaciones ilícitas en Libertad Servicios Financieros por la supuesta venta irregular del inmueble donde se encuentran las oficinas centrales de esa sociedad financiera popular que derivó en la detención, en julio pasado, del abogado Juan Collado Macelo, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Bustamante fue detenido el primero de noviembre mientras circulaba por una céntrica avenida de esta ciudad acusado de incurrir endeclaraciones contradictorias en dos procesos judiciales: uno radicado en la Ciudad de México y otro en Querétaro.

La mañana de este jueves en la audiencia, la jueza determinó que Bustamente faltó a la verdad en su declaración, pues el 22 de agosto de 2016 se presentó a declarar como testigo en la investigación DP/16/ 2016 porque Jesús Guevara lo señaló como propietario de 50 por ciento de las acciones de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro SA de CV, situación que fue rechazada por el imputado, pero el 14 de diciembre de 2018 en un proceso ante el juzgado segundo de lo civil en la Ciudad de México, señaló lo contrario y demostró con documentos ser el accionista de esa compañía desde 2010, junto con José Antonio Rico Rico, propietario de la otra mitad de las acciones.

En la audiencia que se desarrolló en la sala 6 de juzgados de oralidad penal de Querétaro, el fiscal de acusación, Édgar Francisco Varela, solicitó que el imputado permaneciera detenido, pero la jueza consideró que la medida no era idónea ni proporcional al delito del que es acusado el imputado. Por eso determinó la libertad de Bustamante, pero que use un brazalete de geolocalización y no salga de la zona conurbada que comprende los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, excepto cuando tenga que atender asuntos jurídicos radicados en la Ciudad de México con previa notificación.

La jueza concedió el plazo de dos meses que solicitó la FGE para la investigación y recopilación de pruebas de las afectaciones al servicio público por la falsedad de declaración que realizó el imputado, el cual se cumplirá el 7 de enero de 2020.