Mexicali, BC., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso local a presentar documentos certificados del cómputo de los votos de los ayuntamientos de Baja California sobre la llamada ley Bonilla –que amplía de dos a cinco años el periodo del gobernador Jaime Bonilla Valdez–, como parte de un requerimiento de información en torno a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la modificación constitucional respectiva.

Los ayuntamientos que votaron en contra de la ley Bonilla fueron Mexicali y Tijuana, gobernados por el Partido Acción Nacional, mientras a favor de la ampliación del gobierno del morenista lo hicieron los de Tecate y Ensenada, administraciones priístas, y Playas de Rosarito, de extracción panista. Sin embargo, antes de concluir su encargo, los regidores panistas de Playas de Rosarito se retractaron de su sufragio y afirmaron que sólo se votó de manera económica, sin que existiera el acta correspondiente.

Cuando presidió el Congreso local Catalino Zavala Márquez, legislador con licencia de Morena y ahora secretario de Educación de Jaime Bonilla, la SCJN solicitó esta información, lo que se cumplió de manera parcial, porque no remite copia certificada y la declaración que la reforma impugnada forma parte de la Constitución local.

La SCJN emplazó al Poder Legislativo, hoy presidido por Claudia Agatón, del Partido del Trabajo, para que los documentos se entreguen a más tardar en tres días naturales a partir del día siguiente a la notificación (el 12 de noviembre).

Asimismo, la SCJN señaló que el gobierno de Baja California presentó un informe fuera de tiempo solicitado por la misma Corte sobre la ley Bonilla, pues el 4 de noviembre pasado ingresó copia certificada del Periódico Oficial del Estado en la que se publicó el decreto 112 del Congreso local, que amplió el periodo de gobierno, fuera del plazo de seis días naturales que tenía para hacerlo, a partir del 23 de octubre anterior.

En tanto, Jaime Martínez Veloz, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática a gobernador, presentó ayer un recurso de protección de derechos político-electorales contra la ley Bonilla.