En México, el aborto se criminaliza en 18 entidades. Entre 2015 y 2018 se abrieron 2 mil 500 carpetas de averiguaciones previas contra mujeres, y se calcula que actualmente hay entre 200 y 700 presas por haber abortado; se trata de mujeres pobres, indígenas y trabajadoras. Además, cada día 32 niñas son madres a causa de violaciones que quedan impunes.

Parece mentira que con tantos delitos reales que perseguir en México, se siga criminalizando lo que en muchos países ya ha sido reconocido como derecho fundamental de las mujeres, de acuerdo con Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el contexto del XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género La Marea Verde. La lucha por la despenalización del aborto en América Latina, celebrado en Ciudad Universitaria, Buquet Corleto explicó que el siglo XXI se caracteriza por grandes tensiones en el avance hacia sociedades más justas e igualitarias, y el embate de los grupos antiderechos y los grandes poderes económicos. La Marea Verde, la movilización de millones de mujeres latinoamericanas por la despenalización del aborto en esta región del continente americano, es ejemplo de ello.

Agregó que la desigualdad entre mujeres y hombres atraviesa a todas las demás desigualdades que la humanidad ha generado para sí misma. Permanece a lo largo de la historia, se sostiene de manera estructural a través de la forma de organización social imperante y afecta de manera directa a la mitad de la población mundial.

Esta desigualdad tiene múltiples manifestaciones, y una de ellas, que pone en juego la condición misma de dignidad humana, es que las mujeres no tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida.

Criminalización, una forma de sometimiento

La criminalización del aborto es una de las modalidades más obvias de sometimiento de las mujeres, porque las limita a la función reproductiva y por lo tanto subordina sus características humanas, su libertad e independencia, sus ambiciones, sus posibilidades, a un destino que se postula como superior, explicó. De esta manera, una mujer se convierte en instrumento de ese imperativo que la trasciende y deja de ser un fin en sí mismo. Insisto, como si la dignidad humana no fuera un atributo de las mujeres.

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, sostuvo que las mujeres han conquistado su derecho a la educación, la salud, la vida sexual libre y voluntaria a decidir sobre su cuerpo y a participar en la vida pública. Nada nos ha sido concedido sin que haya mediado una batalla. Nuestra emancipación ha sido gradual y la hemos alcanzado, sobre todo en la vida cotidiana, en la toma de las calles, en la organización, en el planteamiento de objetivos, en la educación de las nuevas generaciones, subrayó.

Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México, dijo que las instituciones públicas de educación superior tienen el compromiso y la responsabilidad de mantener la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos sexuales y reproductivos como temas de la agenda pública. En el caso de la despenalización del aborto cruzan otras dimensiones, como la desigualdad en los recursos, al acceso a la información y a los servicios de salud, entre otros.