Zacatecas, Zac., La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJZ) liberó al menos seis órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes sociales que este año, al frente de cientos de campesinos y transportistas, han bloqueado en tres ocasiones los accesos de la mina Peñasquito, propiedad de las trasnacionales Newmont y Goldcorp, ubicada en el municipio de Mazapil.

Francisco Murillo Ruiseco, titular de la dependencia, compareció ante el pleno del Congreso del estado, como parte de la glosa del tercer Informe del gobernador priísta, Alejandro Tello Cristerna.

En su intervención, el diputado Javier Calzada Vázquez, del Partido Encuentro Social, preguntó al fiscal si ya se habían girado órdenes de aprehensión contra Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Amplio Contra la Minería (FACM) y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y contra José Ascensión Carrillo, líder de la Unión de Transportistas de Mazapil Cava.

El legislador hizo ese cuestionamiento al fiscal, luego de que la semana pasada Tello Cristerna anunció que haría uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes, quienes hasta el pasado viernes 25 de octubre, mantenían tomados los accesos al yacimiento.

El mandatario dio a conocer además que la FGJZ –organismo supuestamente autónomo-, giraría esta semana órdenesde aprehensión contra los líderes del movimiento, resultado de demandas interpuestas por los directivos de Peñasquito.

Fiscal confirma anuncio

Ante el pleno del Congreso, Murillo Ruiseco –a quien los partidos de oposición al Partido Revolucionario Institucional han acusado de ser fiscal carnal–, confirmó lo que había anunciado previamente Tello Cristerna: ya se liberaron las órdenes de aprehensión:

Tienen orden de detención algunos de esos actores; no lo debería decir por estar en curso la investigación correspondiente, advirtió el fiscal, pero lo hago porque me lo han preguntado aquí y bajo protesta de ley prometí manejarme con la verdad ante esta soberanía, ratificó.

Luego del anuncio del fiscal en el Congreso, este viernes la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI) –que presiden el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y las defensoras María Magdalena López Paulino y Éricka Zamora Pardo–, la asociación defensora de derechos humanos, emitió un oficio de acción urgente.

Organizaciones exigen medidas cautelares

El pronunciamiento está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Tello Cristerna, así como a organismos internacionales, a quienes se exigen implementar medidas cautelares, para que no sean detenidos ni violadas las garantías individuales de seis líderes sociales del movimiento contra la minera en el municipio de Mazapil.

Se trata de Ascensión Carrillo Vásquez, Jorge Vázquez López, Rigoberto López Martínez, Lauro Herrera Martínez, José García García y Felipe Pinedo Hernández, defensores de la comunidad San Juan de Cedros, municipio de Mazapil, quienes luchan contra presuntos abusos e incumplimientos de la mina Peñasquito.

La RSDCI advirtió: responsabilizamos al presidente de la República de la libertad, integridad física y sicológica de los defensores de derechos humanos de San Juan de Cedros y de la criminalización de la protesta social en Mazapil.

La organización recordó que la empresa ha acaparado buena parte del territorio ejidal a través de los llamados convenios de ocupación temporal, mediante los cuales pagó cincuenta centavos por metro cuadrado, para utilizar las tierras de donde planea extraer 13 millones de onzas de oro en los próximos 19 años.