En la segunda revisión de la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una tendencia errática y discrecional del presupuesto ejercido en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, donde no se han justificado a cabalidad 3 billones 624.2 mil millones de pesos, producto de más de 88 mil adecuaciones, como subejercicios y modificaciones al gasto.

En lo que lleva auditado de ese año–marcado por el proceso electoral–, el órgano fiscalizador observó que presuntamente se utilizaron de forma irregular 46 mil 509.4 millones de pesos, de los cuales 5 mil millones corresponden al presupuesto federalizado dirigido a los estados.

Ayer se realizó la segunda entrega del Informe de resultados de fiscalización superior de la cuenta pública 2018. En el mensaje del titular de la ASF, David Colmenares Páramo, se establece: “En las etapas de ejercicio y control se detectó una tendencia errática y discrecional del presupuesto federal, ya que el monto ejercido no ha sido igual o similar a lo aprobado por el Poder Legislativo. Para 2018, la erogación neta total del gobierno fue de 5 billones 611.6 mil millones de pesos, sin la debida justificación de las 88 mil 363 adecuaciones por 3 billones 624.2 mil millones, que significaron 60 por ciento del gasto neto total”.

En esta segunda entrega se presentaron 668 informes individuales, que deben sumarse a los 268 de junio pasado, que representan 52 por ciento de las mil 811 auditorías programadas para esa cuenta pública.

En ellas detectó que se utilizaron de forma presuntamente irregular 46 mil 509.4 millones de pesos (10 mil 245 millones ubicados en el primer informe y 36 mil 264 millones en el reporte entregado ayer).

Debido a la falta de tiempo, en su mensaje leído ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Colmenares Páramo no pudo decir ante los legisladores los montos correspondientes, pero esas cifras se asientan en el documento que al final del acto se distribuyó ante representantes de los medios de comunicación.

Entre los principales casos de probables fallas u omisiones en el ejercicio de los recursos se encuentran presuntas irregularidades en las empresas productivas y subsidiaras de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el transporte y suministro de gas natural realizado por esta ex paraestatal; en el Sistema Nacional de Donación Sanguínea, en el Fondo Nacional de Infraestructura, en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) –que se construiría en Texcoco– y en los trenes interurbano México-Toluca y eléctrico urbano de la zona metropolitana de Guadalajara.

Colmenares Páramo enfatizó que en lo correspondiente a las denuncias penales de la cuenta pública 2018, se presentarán en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es decir, en el momento en que se tengan todos los elementos para tal efecto. El resto de la fiscalización, con 875 auditorías pendientes, se entregará en febrero de 2020.