Las acciones legales del Estado mexicano en favor de los grupos de diversidad sexual han sido del todo insuficientes, pues no han estado acompañadas de políticas públicas efectivas para prevenir agresiones en su contra ni campañas generales de sensibilización para erradicar los crímenes de odio, advierte un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante la presentación del documento, el primer visitador general del organismo, Ismael Eslava Pérez, señaló que las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBT) siguen siendo víctimas de discriminación, rechazo y burlas, lo que las coloca en mayor riesgo de sufrir aislamiento, depresión, ansiedad e incluso mortalidad prematura.

Una muestra de la gravedad de la situación, dijo, es que según encuestas realizadas por organizaciones civiles sobre violencia escolar, casi 50 por ciento de los estudiantes que no se reconocen como heterosexuales han sido víctimas de acoso, ya sea por otros alumnos o por sus maestros.

De igual forma, destaca que tan sólo de 2013 a 2014, al menos 594 personas LGBT o percibidas como tales fueron asesinadas en todo el continente y 176 fueron víctimas de ataques contra su integridad física, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso de México, datos de 18 procuradurías y fiscalías estatales –14 no aportaron información– revelan que al menos hay 390 investigaciones por ataques contra grupos de diversidad sexual, de los cuales la mayor cantidad de denuncias es por discriminación (217), homicidio (100) y lesiones (52).

Por todo ello, la CNDH concluyó que el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT a escala normativa es insuficiente, pues no hay políticas públicas efectivas que lleven dichas garantías a la realidad ni instrumentos para observar y evaluar el funcionamiento de esas estrategias.

Para remediar dicha situación, el organismo autónomo sugirió tomar una serie de medidas en materia de inclusión, procuración de justicia y acceso a la educación, la salud y el trabajo, entre ellas reconocer la diversidad sexual en el Programa Nacional de Derechos Humanos de este gobierno y reforzar las acciones encaminadas a su protección.