El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por seis meses a la magistrada federal Olga María Josefina Ojeda Arellano, titular del sexto tribunal unitario, con sede en Toluca, por cambiar las funciones de personal adscrito a su cargo sin justificación alguna, uso indebido del vehículo oficial, así como coaccionar a una servidora pública para certificar hechos falsos y encubrir las acciones anteriores.

El organismo del Poder Judicial de la Federación señaló que “el compromiso del pleno del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, es claro en materia de abusos de poder: cero tolerancia.

El deber de los órganos jurisdiccionales, y todas las y los trabajadores que laboran en ellos es el de impartir justicia con ética, profesionalismo y autonomía.

Sin dar más detalles de los motivos de la suspensión, el CJF solamente indicó que “la legitimidad del Poder Judicial de la Federación está en la independencia con que se dictan las sentencias, pero también en la ética de las y los juzgadores federales. La justicia federal debe enaltecer estos valores y sancionar cualquier desviación a ellos en beneficio de la población. El bien colectivo, el de la gente, siempre debe prevalecer por encima de cualquier interés particular.

El caso Camero

Este es el segundo caso, en lo que va de este mes, en que se anuncia una sanción de este tipo para un integrante del Poder Judicial de la Federación, ya que el pasado 10 de octubre el ministro Arturo Zadívar dio a conocer la suspensión de Jorge Arturo Camero Ocampo, por presentar inconsistencias financieras que alcanzan más de 100 millones de pesos.

En noviembre de 2017, el CJF dio a conocer que actuarios, secretarios y hasta choferes de todos los juzgados en materia penal con sede en Toluca, estado de México, formaron una red de mensajeros que sirvieron a integrantes del crimen organizado presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez.

Lo anterior se puso al descubierto en las investigaciones de tipo administrativo que inició el CJF en seguimiento a las denuncias presentadas por el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado meses después de haber revelado acciones irregulares de funcionarios adscritos a su juzgado, y en ese entonces el organismo separó de sus cargos a 10 elementos.