l tiempo que en América Latina se producen decisiones electorales y movilizaciones populares, que colocan de nuevo el tema de la reducción de la desigualdad en el centro de las preocupaciones de los gobiernos, de las organizaciones civiles y de vastos contingentes populares, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone emprender un verdadero cambio civilizatorio. Ganaron las izquierdas en diversos países en la primera década del siglo y lograron atemperar la desigualdad y la pobreza, pero no modificaron el modelo de desarrollo de la región. En poco tiempo, el regreso de las derechas a los gobiernos reinstaló la gestión neoliberal y los países enfrentaron de nuevo la pérdida de dinamismo económico, se exacerbó la desigualdad y se profundizaron los problemas ambientales.
El desastre neoliberal provoca que la presión social aumente, lo que se expresa en el respaldo electoral a planteamientos heterodoxos. En este 2019 ganan de nuevo las izquierdas el gobierno en Argentina, Bolivia, y probablemente en Uruguay, mientras en México en diciembre pasado iniciaba por vez primera su gestión un gobierno de izquierdas. En Ecuador y Chile amplias movilizaciones populares detienen medidas típicas de la gestión neoliberal. El tema de fondo es modificar de raíz el modelo de desarrollo. Las izquierdas, que recibieron un mandato electoral claro, tienen que superar verdaderamente el neoliberalismo y no solamente ocuparse de administrarlo bien y honestamente.
El neoliberalismo es concentrador y excluyente en su matriz productiva y, en consecuencia, en términos distributivos. La Cepal tiene razón cuando señala que del mismo modo que medimos la pobreza para emprender acciones que la combatan, es necesario medir también la riqueza, introduciendo métricas específicas que permitan conocer la concentración patrimonial y no sólo del ingreso y, también, actuar en consecuencia.
Es posible plantear que los gobiernos que recién iniciarán, o se mantendrán, al frente de la gestión gubernamental puedan proponer nuevos pactos sociales en los que se restablezcan compromisos específicos para reducir la desigualdad. La propuesta que se aceptó en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU en materia de desigualdad, mantiene claramente su pertinencia.
El objetivo 10, la reducción de las desigualdades, propone una meta general: lograr que la tasa de crecimiento del ingreso del 40 por ciento más pobre de la población de cada país crezca más rápidamente que la media nacional. Para lograrlo es necesario instrumentar políticas públicas fiscales, salariales y de protección social. Esta meta de los ODS debieran concretarla en América Latina los diferentes gobiernos de izquierdas, comprometiendo metas específicas que permitan valorar los avances y las dificultades que se enfrentan.
Las metas se incorporarían en un pacto social incluyente en el que, como señala la Cepal, se ataque la cultura del privilegio que da prioridad el interés privado sobre el público, la acumulación privada de las ganancias sobre los propósitos redistributivos, el crecimiento sobre la conservación de la naturaleza y los derechos privados por encima de los derechos sociales, cuyo cumplimiento es una responsabilidad insoslayable de los estados.
Aprobar este pacto social permitiría llegar a esta hora de la igualdad. Sin embargo, para poder tener éxito será necesario superar principios ideológicos de la gestión neoliberal que se han impuesto como valores económicos generales. Un claro ejemplo es la autonomía y el mandato prioritario de los bancos centrales que, aunque forma parte del llamado consenso monetario neoliberal, se postula como principio económico de valor general. Pero, por supuesto, lo central de este pacto está en la urgente necesidad de elevar los ingresos presupuestales disponibles para impulsar el desarrollo, a partir de una reforma tributaria progresiva. En este punto hasta los neoliberales están de acuerdo, pero lo que ha mantenido los niveles tributarios escandalosamente reducidos es precisamente la noción aceptada por casi todas las formaciones partidarias que es más importante el interés privado que el público, que gravar con mayores tasas a los empresarios y a sus empresas va contra la dinámica de la inversión y, en consecuencia, atenta contra el crecimiento.
Hay una oportunidad para modificar el rumbo de la región que debe aprovecharse. La globalidad obliga a instrumentar acciones locales, coordinadas internacionalmente. Los nuevos aires que corren en América Latina abren la posibilidad de fortalecer las políticas que cada gobierno nacional se proponga, con acciones internacionalmente concertadas en torno a un pacto social para el desarrollo y el bienestar que tiene que ser muy incluyente y en el que pueden acordarse métricas conjuntas para medir resultados y proponerse nuevas metas. En el centro de este pacto debe estar una importante reducción de la desigualdad de la riqueza y del ingreso.
