Madrid. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la constructora que tiene como socio mayoritario al magnate mexicano Carlos Slim, está siendo investigada por el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional de España, por los presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales e irregularidades en transacciones internacionales. El principal foco de la investigación está en la obra del Metro en la ciudad panameña de Clayton, que le fue adjudicada después de que presuntamente hubiera pagado comisiones irregulares hasta de 82 millones de euros. La justicia española también tiene la mira en otras operaciones presuntamente irregulares –con una trama de corrupción política de fondo– en otros países de América Latina, como Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.

FCC es una de las constructoras más poderosas de España y de Europa, especializada en grandes obras de infraestructura, que se caracterizan tanto por su complejidad en la ejecución como por la dificultad para su financiamiento, ya que suelen ser operaciones de gran inversión pública y privada.

Operaciones antes de 2014

Carlos Slim asumió las riendas de FCC en 2014, cuando intervino con una inyección de capital que le dio de nuevo liquidez y un severo plan de ajuste que pretendía sanear las cuentas de la empresa, reorientar algunas de sus secciones de negocios y enfocar sus futuras operaciones. El empresario mexicano es desde entonces la máxima referencia de la empresa, su principal accionista y quien decide prácticamente todos los movimientos estratégicos y de finanzas que emprende. De hecho, Slim presidió, por primera vez, la reunión del consejo de accionistas de agosto de 2018, entre otras cosas para anunciar que la empresa había entrado de nuevo a números verdes, después de que él invirtió mil 700 millones de euros (37 mil 400 millones de pesos).

La trama de corrupción que investiga la justicia española se desarrolló entre 2010 y 2014, es decir, antes de la entrada del magnate mexicano al capital de la empresa ibérica, pero aún así la posible responsabilidad penal y las sanciones que recaigan las tendrá que asumir el corporativo. El juez Ismael Moreno se basa en una prolija investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que reconstruyó supuestos sobornos en la adjudicación de la construcción de varias líneas del Metro y de un complejo hospitalario en Panamá.

Se sospecha que FCC pagó hasta 82 millones de euros en comisiones para conseguir las adjudicaciones y que para lograr esos tratos habría utilizado a la empresa Odebrecht, la multinacional brasileña investigada por estar salpicada en numerosas operaciones de corrupción en América Latina y que salió a la luz gracias a la filtración de documentos secretos.

La investigación de la justicia española apunta a tres sociedades: FCC Construcción SA, FCC Construcción Centroamérica SA. y Construcciones Hospitalarias SA. Al parecer, estas secciones de la constructora se aliaron con Odebrecht para conseguir las adjudicaciones y su posterior ejecución, con 55 por ciento para la empresa brasileña y 45 por ciento para la española.

Sobrecostos en el Metro

En el auto del magistrado español se advierte: los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional, y añade que los presuntos responsables de la operación, todos ellos altos directivos de las empresas actuaron desviadamente durante cuatro años, periodo en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva.

En este año FCC entregó documentación a la justicia española de otras operaciones sospechosas en las que estaban involucrados los mismos directivos, que actualmente ya no trabajan en la constructora. Esas supuestas operaciones corruptas se habrían perpetrado en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. El juez sostiene que a pesar de que las operaciones las llevaron a cabo esos directivos ya cesados, la responsabilidad recae en la empresa porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni aplicó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa. Y que, por tanto, presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción...