Con la premisa de que el actual modelo de financiamiento y gasto de las universidades públicas está agotado desde hace tiempo, se reunieron legisladores de ambas cámaras, rectores, representantes de sindicatos universitarios, funcionarios públicos y el titular de la Auditoría Superior de la Federación a fin de buscar un nuevo sistema de financiamiento en el que existan recursos suficientes, pero en el que también se ponga fin a las deformaciones, dispendios, poca fiscalización y privilegios en el uso del subsidio entregado a estas casas de estudio.

En la inauguración y primer sesión del Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior, a unos días de la discusión presupuestaria de 2020, los legisladores señalaron que existe un compromiso de ir en serio por el fondo de recursos que garanticen el cumplimiento de la reciente reforma educativa, referente a la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior.

En la reunión, calificada de histórica por Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se insistió en la necesidad de acordar políticas y normas jurídicas que permitan transitar hacia un modelo de financiamiento con proyección plurianual con los principios de suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad y reconocimiento al desempeño de las universidades.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, propuso a los rectores –ante el agotamiento del actual modelo de financiamiento– suscribir una carta compromiso en la que, al mismo tiempo en que se demanda suficiencia presupuestal, se trabaje también para evitar serias deformaciones, dispendios y privilegios y poca fiscalización en el uso de los recursos públicos entregados.

En respuesta, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls, tomó la palabra al legislador y aseguró que este compromiso con la transparencia, la racionalidad y el uso eficiente de los recursos ya fue suscrito por los rectores, cuyas casas de estudio son sometidas de manera permanente a la fiscalización.

En este encuentro nacional, que continuará hoy en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se dio una larga lista de oradores. La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña, señaló la necesidad de construir una política de financiamiento con una visión de Estado a la educación superior. Su par en el Senado, Rubén Rocha, destacó que el compromiso es de ida y vuelta en la dotación de recursos y para usarlos de manera eficiente, y el subsecretario Concheiro informó que será en enero cuando esta cámara genere la iniciativa de la Ley General de Educación Superior, al igual que la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las dos normas secundarias forman parte de los pendientes de la recientemente avalada reforma educativa.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, se refirió a la baja cobertura para educación superior en el país, estimada en apenas 39.7 por ciento y la meta de llegar a 50 por ciento para 2024. Ello significaría, explicó, aumentar 1.1 millones de estudiantes –actualmente son poco menos de 4.5 millones de jóvenes– en sólo unos años, lo cual representa un enorme reto debido a la necesidad de ampliar la capacidad de infraestructura y equipamiento, además de la formación de nuevos profesores.

Luego de la inauguración, los trabajos del encuentro se trasladaron a diversas mesas con representantes de los sectores asistentes, que continuarán este miércoles, cuando se presenten las conclusiones y los acuerdos que serán llevados al Congreso.