Ante la apertura de nuevos mercados de uso legal de cannabis en diversos países del mundo, en especial de América Latina, varias empresas canadienses están haciendo presión para que las leyes en la materia sean diseñadas a su conveniencia y por lo tanto puedan quedarse con prácticamente todas las ganancias, en un fenómeno que puede calificarse como colonialismo cannábico.

Así lo afirmó la periodista e investigadora canadiense Dawn Paley, quien advirtió que al acaparar los beneficios económicos que generará el uso de cannabis en todas sus variantes (lúdico, industrial y farmacéutico), las grandes compañías del sector marginan a los pequeños productores que no pueden competir con ellas, lo que reproduce nuevamente el ciclo de pobreza y violencia que en teoría se busca eliminar.

En entrevista exclusiva con La Jornada, la autora del libro El capitalismo de la guerra contra las drogas señaló que en la expansión de su poderío alrededor del mundo las empresas canábicas con sede en Canadá –entre ellas Canopy Growth, Tilray, Aphria y Aurora Cannabis– se han convertido en un foco de capital especulativo que utiliza técnicas muy similares a las de las compañías mineras para crecer.

Entre dichas estrategias figura el hacer cabildeo en los Congresos locales para obtener leyes regulatorias que le sean favorables, además de promover la criminalización de los productores tradicionales y adquirir tierras para sus plantaciones, sin respetar el derecho a la consulta de las comunidades indígenas y afectando los recursos naturales de la región, como ocurrió en la propia Canadá.

Un ejemplo de cómo ha funcionado este esquema en Latinoamérica, explicó Paley, es el caso de Colombia, donde activistas civiles y comunidades estaban entusiasmados por la posibilidad de que las leyes sobre cannabis legal pudieran acabar con la criminalización de los cultivadores y los incorporara al mercado de forma justa.

Sin embargo, lo que hemos visto en Colombia es que esos proyectos de justicia e inclusión social han ido disminuyendo por la llegada y la presión de las empresas gigantes canadienses. Estamos hablando de compañías con un capital de miles de millones de dólares, contra el que no pueden competir las cooperativas ni los pequeños productores.

Además de Colombia, las multinacionales canábicas con sede en Canadá ya están presentes en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil (con acuerdos preliminares), Jamaica, San Vicente y las Granadinas, además de Lesotho –en el sur de África– y varios países de Asia y Europa, donde el uso de la planta se ha regulado de forma legal.

En el caso de México, indicó Paley, habrá que estar muy vigilantes de que no se repita el mismo esquema en el predictamen que ya se estudia en el Senado. Las empresas están viendo el surgimiento de un nuevo mercado que antes no existía y hay muchos intereses y especulación. La planta ha sido parte de la historia de la humanidad desde hace miles de años y creo que habrá mucha pelea para mantener sus usos tradicionales.