En los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el nuevo registro de personas desaparecidas, el cual se alimentará con la información de fiscalías estatales y general de la República, pero también de denuncias ciudadanas, incluidas las de carácter anónimo.

El registro del año pasado arrojó una cifra preliminar de 40 mil 180 personas. Sin embargo, esa cantidad ha ido modificándose conforme se depuran las bases de datos disponibles y, sobre todo, se avanza en la identificación de miles de cuerpos en calidad de desconocidos.

En este último punto, la Secretaría de Gobernación (SG) ha señalado la existencia de una emergencia forense, cuya crisis se inició en 2007 cuando el número de homicidios dolosos superó la capacidad de los servicios de identificación de cuerpos, por lo que un número no determinado de cuerpos fue inhumado sin necropsia y sin un parámetro de identificación mínimo.

A ello se agrega, destaca la SG, la falta de infraestructura y escasez de personal y equipo especializado. Si bien ya empezaron algunos programas para abatir este rezago (se anunció, por ejemplo, la creación de cinco institutos regionales forenses), así como la selección de 200 comisionados en búsqueda (que hacían estas tareas en la Policía Federal), persiste el rezago en el cumplimiento de acciones que dicta la ley.

En noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual prevé la creación del registro en mención.

Esta semana, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, dijo que integrar un nuevo registro es complicado, pero prometió a las familias hacer un trabajo conjunto. Será un replanteamiento total y actualización de lo que se tenía el año pasado.

Estamos asumiendo la responsabilidad ante este profundo agravio, dijo ante colectivos que piden la integración de comisiones de contexto (clarificar y dar seguimiento a los uniformados y mandos al momento de los hechos), como vía inicial de búsqueda.

Yolanda Morán, de Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos, mamá de Dan Jeremeel, víctima de desaparición forzada, demandó que se tome en cuenta a las familias. Sin embargo, pidió que las autoridades asuman esta responsabilidad.

“Escuché a las familias decir: ‘¿vamos a hacerles el trabajo otra vez? Estas mesas son parecidas a las que se hacían en el sexenio pasado y se perdió la información, de ahí no salió nada bueno.

“Por eso estamos dando el beneficio de la duda y nuestro apoyo, a fin de que podamos decir: ‘les dimos nuestra experiencia y no la aplicaron, si es que así ocurriera’”, señaló.

Es decir, comentó en entrevista, “no vamos a avalar nada que no tenga nuestras aportaciones.

“Esta es la cuarta, quinta vez que nos reunimos [con las autoridades de esta administración federal]; las familias exigimos una búsqueda en vida y en fosas, tanto las comunes como las clandestinas.

“Aun cuando nos digan –agregó– que las desapariciones de larga data, como la de mi hijo, que cumplirá 11 años… No perdemos la esperanza.”