Los superdelegados del gobierno federal investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya habían sido objeto antes de señalamientos en sus respectivas entidades por haber cometido supuestas irregularidades en su cargo.

Como se informó el viernes en La Jornada, muchos de los funcionarios fueron señalados por presunto nepotismo y uso irregular de recursos públicos.

Un ejemplo de ello es el delegado en el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien fue acusado por el líder de Morena en esa entidad, Martín Chaparro Payán, de haber tratado de imponer a sus familiares como coordinadores regionales, además de tener a muchos de ellos como integrantes del programa Servidores de la Nación.

De igual forma, se le señala de haber ofrecido puestos públicos a cambio de dinero, por cantidades que iban de los 27 mil a los 57 mil pesos, lo que incluso dio lugar a una de-nuncia ante la Comisión Nacional de honestidad de Morena.

Nexos con el hampa

Por su parte, el delegado del gobierno federal en el estado de Sinaloa, José Jaime Montes, ha sido señalado por no escuchar las peticiones de diversos sectores de dicha entidad, entre ellos los campesinos productores de maíz, a quienes no ha recibido en audiencia a pesar de varias solicitudes en ese sentido. De igual forma, en medios de comunicación locales se destacó que en años anteriores se pidió que se indagara al funcionario por su supuesta vinculación con grupos del crimen organizado en la ciudad de Navolato.

En el caso del coordinador estatal de programas de desarrollo en Puebla, Rodrigo Abdalá D’Artigues, se le ha acusado de utilizar los mencionados esquemas de apoyo con presuntos fines electorales, así como de haber manejado de manera incorrecta un fideicomiso creado el año anterior, cuyo fin era ayudar a los damnificados del sismo de septiembre de 2017.

Por lo que respecta a Indira Vizcaíno, coordinadora en el estado de Colima, partidos políticos de dicha entidad la han señalado como responsable de intervenir en el Congreso local, obstaculizando el trabajo de diversas bancadas desde hace un año. La actual investigación de la SFP contra nueve superdelegados tiene lugar después de que el representante del gobierno federal en el estado de Jalisco tuviera que renunciar a su cargo luego de quese comprobara que empresas farmacéuticas de su propiedad habían participado en licitaciones públicas, lo que configuraba un caso de conflicto de intereses.