Santiago. Una semana después del estallido social que sacude a Chile, con estado de emergencia y toque de queda en 15 de las 16 regiones del país, y más de 20 mil soldados desplegados, el gobierno de Sebastián Piñera luce superado por el desarrollo de la crisis, errático en su capacidad de reacción y sin encontrar ningún atisbo de solución en lo inmediato, coinciden analistas.

Si bien se redujeron significativamente saqueos e incendios que se dieron en las primeras jornadas, la movilización ciudadana constante e irreductible mantiene alterada la vida cotidiana del país. La máxima expresión de ello ocurrió este viernes en Santiago, cuando un millón 200 mil personas (cifra oficial) se reunió para marchar pacífica y alegremente por la Alameda, la principal avenida de la capital, en una gesta épica multicultural, donde se expresó la diversidad de la sociedad chilena. En muchas otras ciudades, grandes y pequeñas, se repetían las escenas.

Chile despertó y Piñera, renuncia ya, son las consignas que unen a millones y que han puesto de rodillas a Piñera. La mayoría son jóvenes, muchos estudiantes, pero también los hay desplazados y marginales, víctimas del modelo. Concurren familias enteras, veteranos, profesionales, abuelas, jefas y trabajadoras de hogar, colectivos gay y lésbicos; es un universo social.

El baile de los que sobran, icónica canción de Los Prisioneros, grupo de rock contestatario que saltó a la fama en los años 80, denunciando con su música la marginalidad de los jóvenes en la dictadura de Pinochet, fue entonada como himno de plena vigencia.

Mil guitarristas se congregaron frente a la Biblioteca Nacional para interpretar canciones de Víctor Jara –asesinado por los militares en 1983– entre ellas la emblemática El derecho de vivir en paz.

La gente concurrió temprano desde todos los puntos de la ciudad al sitio clave del encuentro, la Plaza Italia, donde confluyen tres importantes avenidas. Allí, sin liderazgos, sin discursos, sin bocinas ni escenarios y sin banderas de partidos, la gente compartió sus penas y esperanzas, marchó por la Alameda en un ejercicio de catarsis monumental, en incesante recorrido de ida y de vuelta por varios kilómetros hasta las cercanías del Palacio de La Moneda, cercado por un férreo anillo policial que impidió a cualquiera aproximarse a menos de 500 metros.

Al término de la manifestación algunas decenas de violentos prendieron barricadas, saquearon comercios e intentaron quemar los accesos a una estación del Metro (Baquedano, donde hay un cuartel policial en el que se torturó a los detenidos, según denuncias).

Los analistas, con independencia de su sesgo ideológico, coinciden en que el único camino es una nueva Constitución para extirpar la lógica ultramercantilista de la sociedad y la economía chilena, que funciona concentrando la riqueza en pocos y generando millones de desplazados y abusados.

Sin embargo, el gobierno y la ultraderecha no aceptan esa realidad. Por tanto, la crisis se arrastra, se multiplica y hace crujir al gobierno. Mientras, crecen las cifras de muertos (19), heridos (997, la mayoría por armas de fuego) y detenidos (3 mil 172).

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, advierte la falta de consistencia en la forma como el gobierno enfrenta la crisis, al tratar de convencer a los chilenos de que se trata de un estallido delictivo y no un estallido social.

Piñera habló de guerra frente a un enemigo poderoso, pero no pudo justificar por qué era una guerra y tampoco identificar al enemigo del que tenía antecedentes. Al gobierno le ha costado transitar desde la idea de estallido delictivo al estallido social y eso ha ido de la mano de un presidente y un gabinete que no son capaces de sintonizar con las demandas, advierte.

Piñera ha rechazado la exigencia de realizar un cambio de gabinete que incluya al desacreditado ministro del Interior, su primo Andrés Chadwick, irrelevante en la conducción de la crisis.

Es muy tozudo en eso; la tesis del gobierno es que esto es un capricho generacional y como todo capricho va a pasar con el tiempo; según el gobierno ya pasamos la etapa más difícil y esto se va a ir diluyendo y en ese momento podría modificar el gabinete, dice Morales.

¿Qué vías de solución podría tener la crisis? Nada está claro, el escenario está abierto, para el gobierno es una cuestión de tiempo, para las organizaciones sociales es asunto de resistencia, para los partidos es aguante y para la ciudadanía las soluciones son a corto, mediano y largo plazos.

Para Axel Callís, sociólogo de la Fundación Chile 21, Piñera está equivocado en el enfoque de solución, porque no puede o se niega a entender que los satisfactores que ofrece son insuficientes. Son medidas que están financiadas por todos los chilenos y lo que quiere la sociedad son mejoras estructurales, es decir, que se toque el corazón del modelo en términos de pérdida de privilegios, opina Callís.

Para él, la crisis no se resuelve sin operar sobre lo estructural. Entre los analistas hay un consenso en que más temprano que tarde todos los caminos apuntan hacia una nueva Constitución, dice.

–¿Podría Piñera, desesperado por salvar su presidencia, tener la audacia de generar condiciones para producir una nueva Constitución?

–Él todavía tiene que quemar cartuchos, restructurar su gabinete, le quedan medidas por ofrecer, tiene espacio para entregar cosas sin tocar el modelo y, además, generar negocios para los privados. En términos de solución profunda, él no va a llamar a una Asamblea Constituyente, pero puede llamar a un plebiscito que establezca el mecanismo para cambiar la Constitución; todavía tiene cartas por jugar.

–¿Corre riesgo la presidencia de Piñera?

–En esta contradicción entre resistencia y normalidad, lo que antes era un absurdo hoy está más cerca de lo que uno cree. El principal problema de Piñera es su personalidad, su narcisismo que no le permite asentir que ha fracasado en su gobierno. Como no es un político tradicional, sino que un especulador financiero transformado en político, su personalidad poco ayuda a la solución y es posible que fuerce una salida que no le permita entender que esto no es personal.

Ayer temprano una caravana de camioneros avanzó lento por las carreteras urbanas, causando embotellamientos, exigiendo terminar con los peajes diferenciados por horarios y que se cobran por tramo recorrido.

Las autopistas urbanas e interurbanas son otro símbolo del abuso del sistema ultraneoliberal. Construidas en los años 90 con el modelo de concesión a privados, representaron una solución expedita para modernizar la anacrónica red vial. El modelo se aplicó en todas las ciudades y regiones donde la demanda fuera suficientemente crítica como para atraer la inversión privada. Las excelentes carreteras florecieron como hongos y fueron festejadas conforme se inauguraban, le cambiaron la vida a la gente e impulsaron la economía. Pero eso fue hace 25 años.

Desde entonces las concesionarias extranjeras recuperaron holgadamente la inversión inicial, las tarifas aumentaron en términos reales más de 40 por ciento, los contratos se renovaron y garantizan alta rentabilidad mediante tarifas que se reajustan año a año. Además, las autopistas se han ido quedando chicas y congestionadas para los volúmenes de tránsito que ahora soportan. La mayoría de los automovilistas las aborrece, porque si quieren viajar razonablemente rápido a sus destinos están obligados a usarlas. La expresión del odio fue literalmente quemar los pórticos donde están instalados los detectores que marcan el paso de los vehículos.