ras la huelga general, todo sigue igual. Las posiciones no se mueven. En esta coyuntura, no es fácil realizar un análisis político sobre Cataluña, menos sobre la España monárquica. El maniqueísmo se impone: conmigo o sin ti. La situación se encuentra emponzoñada con el fin de obtener mezquinos réditos a corto plazo. Es el todo o nada. Muchos bemoles y poco cerebro. Intestinalmente el problema se resuelve con testosterona. Para los nacionalcatólicos, españolistas, autodefinidos bloque constitucionalista, la única opción consiste en declarar el Estado de excepción, aplicar la ley de seguridad interior y si es posible declarar ilegal a todo partido político que no jure lealtad a la Corona en Cataluña. Es la respuesta frente a una justicia timorata que ha sido incapaz de aplicar penas de rebelión e intento de golpe de Estado a los imputados del procés. Se busca la derrota, el exterminio, la aniquilación, que no vuelvan a levantarse. Cualquier otra opción es ceder al chantaje soberanista, dar alas al independentismo y traicionar los valores patrios. Tampoco descartan militarizar Cataluña. En este espectro se mueven el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y las organizaciones satélites que habitan en la derecha. El resultado inmediato, la presencia del fascismo en las calles de Barcelona. Se abre otro frente. En Medio el PSOE y el gobierno en funciones, cuyo discurso se diluye, haciendo guiños a la derecha, nacionalistas e izquierdas, retrasando el diálogo hasta pasadas las elecciones del 10 de noviembre.

En frente de esta coalición, los independentistas, defensores a ultranza de la declaración unilateral de la Republica catalana. Para estos, la cuestión se resuelve en el mismo plano de testosterona. Tras el juicio, condenando a nueve de los 12 imputados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, y a los demás a un año y ocho meses de inhabilitación, la respuesta debe ser contundente. Sólo cabe rechazarla, desconocer el veredicto. Sentenciarlos por sedición, malversación y desobediencia es una pantomima, un agravio y un insulto a la sociedad catalana. Para el Govern catalán y socios políticos no hubo delito, actuaron en representación del mandato popular de las urnas, tras el referendo celebrado el primero de octubre de 2017. Deben ser puestos en libertad, pero la justicia españolista clama venganza. Tras la sentencia, se reafirman, Cataluña es una república. Hay que salir a la calle, mostrar el descontento, negar la legitimidad del Tribunal Supremo, articular un tsunami democrático. Convocar una huelga general, paralizar Cataluña y afianzar el credo independentista. La calle sustituye la política. Mientras tanto, para subir la densidad testicular, Quim Torra, presidente de la Generalitat, propone un nuevo referendo para revalidar la declaración unilateral de independencia. En esta petición, se ha quedado sólo, sus socios lo han abandonado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo califica de incendiario, de comportarse como un activista callejero, cerrar puertas al consenso. Por su parte, Esquerra Republicana le recrimina su irresponsabilidad, y los condenados guardan silencio. En el exterior, Puigdemont sigue buscando países que reconozcan la republica catalana, y la justicia española, busca reactivar la orden de extradición, esta vez por el delito de sedición.

Con estas entendederas, el diálogo está destinado al fracaso. Lo único que prospera es una visión violenta. Unos atacan, otros se defienden. Las acusaciones van y vienen. Mossos d’ Esquadra, policía nacional y Guardia Civil actúan al unísono, en frente no se sabe bien quienes, pero ahí están. La violencia crece al son de bombas molotov, quema de mobiliario urbano, coches, botes de humo, balas de goma, cierre de carreteras, toma de aeropuerto, bloqueo de líneas férreas. Una escalada sin límites, salvo la represión. Unos y otros son incapaces de asumir responsabilidades, buscar una salida negociada.

Romper el impasse, supone voluntad política. Justamente de lo que se carece. Para los valedores de Torra, los CDR y las organizaciones independentistas, se vive en el virtualismo de un inexistente Estado independiente, al cual hay que defender y ampliar sus bases. Lamentablemente, esta opción tiene sus adeptos en algunas organizaciones de la izquierda estatal, que ven en la crisis catalana una manera de cuestionar la monarquía. Así, la propuesta se sustancializa, desconociendo que los defensores de la independencia catalana, rechazan una forma de articulación territorial de base federal, opción defendida por la izquierda republicana. Para el PdeCat solo existe la declaración unilateral de independencia, que, tras la sentencia, genera los primeros disensos en la coalición, en tanto es necesario redefinir estrategias del discurso nacionalista.

Por último, considerar exageradas las penas del Tribunal Supremo, que lo son, y apuntar que la salida no está en criminalizar al nacionalismo y los partidarios de la independencia, no conlleva patear el tablero. Es necesario dar espacio a la política, con mayúsculas. ¿Pero están los dirigentes actuales en condición de asumir el reto?

Por el momento, la mediocridad se ha convertido en norma, salvo excepciones. Discrepar, ejercer el derecho de huelga, manifestarse, forma parte de las luchas democráticas por abrir espacios de representación, pero deben acompañarse de negociación. Ello supone voluntad política. Justamente lo que falta. No es una cuestión de bemoles, testosterona, ni declaraciones pomposas. Ningún conflicto se soluciona descalificando a los interlocutores. La crisis catalana requiere inventiva, tender puentes, altura de miras, generosidad, sentarse y dialogar para buscar consensos. Dinamitar puentes sólo puede entenderse bajo la máxima: cuanto peor, mejor. Cataluña y España, sea cual sea su definición, se merecen una oportunidad.