n 2014, el Congreso de Baja California aprobó una ley destinada a homologar los comicios locales de esa entidad con las elecciones federales, para lo cual se estableció que quien resultara triunfador en la contienda por la gubernatura en junio de 2019 únicamente habría de ocupar el cargo por los dos años que van del primero de noviembre de este año al 31 de octubre de 2021. Bajo esa ley, el 28 de diciembre de 2018 el Instituto Estatal Electoral de Baja California emitió la convocatoria para elegir al próximo gobernador, y bajo esa ley elcandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Jaime Bonilla Valdez, se impuso a sus contrincantes con una cantidad de votos aplastante.
Sin embargo, apenas una semana después de los comicios, el 11 de junio, diputados locales de los partidos Acción Nacional, Morena, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Transformemos atropellaron la voluntad de los ciudadanos que eligieron a un mandatario estatal por 24 meses y dispusieron extender el periodo del gobernador electo hasta 2024, más del doble de lo emanado del sufragio. Inmediatamente bautizada como Ley Bonilla, por tener como impulsor descarado y beneficiario ilegítimo a dicho empresario y político, esta legislación creó una crisis institucional y constitucional que rebasa el ámbito bajacaliforniano y atenta contra los fundamentos mismos del estado de derecho.
En efecto, esta impresentable maniobra atenta contra los principios democráticos en al menos dos maneras inadmisibles. En primer lugar, porque viola el elemental principio jurídico de que las leyes no pueden redactarse para beneficio o perjuicio de ninguna persona o colectivo específico, sino que deben concebirse sin dedicatoria para evitar cualquier conflicto de interés: existe un abismo insalvable entre establecer la duración de un cargo cinco años antes de que se sepa quién habrá de ocuparlo, y pretender hacerlo una vez que dicha persona ha sido designada. A esto se suma la inmoralidad de que quienes tienen el deber de representar a los ciudadanos y dotar a las instituciones de un cuerpo legal que refleje esa voluntad, maquinen para alterar ese mandato movidos por pactos inconfesables.
Por si esta serie de atropellos no fuera suficiente, el domingo pasado el gobernador electo pretendió cubrir sus ambiciones con una apariencia de legitimidad mediante una consulta
carente de cualquier rigor, no sólo inválida de origen, sino insultante por cuanto tuvo lugar no para recoger la opinión ciudadana, sino para justificar a destiempo hechos consumados.
No queda sino hacer un voto de confianza porque las instancias jurídicas –el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación– que habrán de conocer acerca de esta vergonzosa legislación, se pronuncien de manera inequívoca para dejarla sin efecto y restaurar la voluntad popular expresada en las urnas.
