Buenos Aires. La justicia abrió una causa contra el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, para investigar una presunta infracción al código electoral, al descubrirse un plan secreto de entrega de subsidios no autorizados a desocupados en zonas de control político de la alianza gobernante, con miras a las elecciones generales del próximo día 27.

Macri enfrentaba también una oleada de críticas luego de que comparó la economía impulsada por su antecesora Cristina Fernández con la siguiente exposición: esto es como cuando le cedes la administración de tu casa a tu mujer, y ella en vez de pagar las cuentas usa la tarjeta de crédito y agregó: usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa a ejecutarla.

La ex mandataria aclificó a Macri en términos de machirulo, como se califica aquí a los misóginos.

La justicia emplazó al Ministerio de Producción y Trabajo para que informe sobre una resolución, oculta hasta ahora, para decidir el pago a los desocupados, a lo que se añadió otra denuncia similar del opositor Frente de Todos, sobre los mismos hechos, lo que significaría una ilegal compra de votos.

En la causa intervienen el fiscal Jorge de Lello, que ya investigaba otra denuncia al respecto, y la juez federal María Servini de Cubría, sin que hasta ahora haya habido respuestas oficiales ante este nuevo escándalo político, que salpica a la gobernante Alianza Cambiemos.

El representante legal del opositor Frente de Todos (favorito en las encuestas), Jorge Landau y su equipo, no sólo plantearon investigar al titular del Ministerio de Producción y Trabajo, Dante de Sica, y otros funcionarios, sino que también se solicitó una medida cautelar para que se supenda el pago de estos subsidios o bonos de 5 mil pesos, que estén amparados por esa resolución secreta.

En actos provinciales, como en Paraná, capital de Entre Ríos, hubo gastos especiales, al llevar acarreados desde las poblaciones más cercanas al lugar del acto, sobre lo que hay también denuncias.